La devastación del sureste del país por los tumbos en el trazado del Tren Maya no solo se lleva la selva a su paso, sino a todo el ecosistema que habita en ella, además de que los ríos subterráneos y cenotes que están en esa nueva ruta padecerán daños irreversibles en un proceso de conformación que le llevó a la naturaleza miles de años.
La denuncia pública sobre este ecocidio por parte de ambientalistas y varios personajes de la farándula como Eugenio Derbez, provocó la ira del presidente al fustigarlos con toda clase de insultos, los más suavecitos el de chayoteros y de ambientalistas a sueldo, lo que provocó la respuesta del comediante en un tono del mismo nivel al aseverar que él no recibe sobres amarillos con dinero en efectivo.
El presidente no deja títere con cabeza cuando alguien osa llamar la atención sobre las decisiones de un mal gobierno que en tres años ha destruido instituciones, cancelado programas y aumentado el número de pobres, además de destinar el dinero público a obras consideradas elefantes blancos, en detrimento de la población marginada.
Luego del fracaso en que se constituyó el aeropuerto de Santa Lucía al no cumplir con las expectativas que se establecieron cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, este sí de clase mundial, se observa con recelo el avance que lleva el trazado por donde pasará el Tren Maya, que desde ahora no solo se estigmatizará como el destructor del ecosistema más valioso del mundo, sino como el prototipo de lo que no se debe hacer en cuanto al diseño de las rutas y el cambio constante del trazado por donde algún día pasará ese ferrocarril.
Nadie de los ambientalistas y personajes públicos pretenden atacar al presidente y a su proyecto político y menos exponerse a resistir la ira del tabasqueño, todos lo hacen por un elemental principio de responsabilidad en el cuidado del hábitat y del medioambiente.
Los daños causados en la construcción del paso de las vías férreas están a la vista, no es el resultado de la invención de una mente calenturienta como pudiera ser la del Monje Loco, no señores, simplemente se trata de un compromiso generacional en aras de preservar el patrimonio de todos los mexicanos.
A los ambientalistas y artistas hay que sumarlos a los periodistas y protectores de los derechos humanos, quienes tan solo en este sexenio han muerto varios de ellos y en la mayoría de los casos, la impunidad cubre con su manto protector a los asesinos.
Desde San Lázaro, la diputada Macarena Chávez Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para anexar a las y los ambientalistas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ante el aumento de ataques contra ellos, ya de tipo verbal o físico.
La legisladora expuso que, de acuerdo con datos de la organización Global Witness (ONG que desde 1993 trabaja en romper los vínculos entre la explotación de recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo, con oficinas en Londres y Washington, D.C.), en 2020 tres de cada cuatro ataques letales contra activistas ambientales y de la tierra, tuvieron lugar en América Latina. Y de las 165 personas asesinadas en la región, 30 eran mexicanos (23 por defender sus bosques y selvas).
El más reciente crimen se dio el pasado 7 de marzo cuando el tarahumara José Trinidad Baldenegro, de 51 años, fue asesinado a tiros al salir de su domicilio. Su hermano Isidro, también activista defensor de los bosques, corrió la misma suerte en 2017, y su familia debió salir huyendo para no perder también la vida.
“Estamos siendo testigos de una tragedia silenciosa envuelta en la total impunidad, con un incremento considerable de asesinatos de ambientalistas, ya que -de acuerdo con Global Witness- en 2020 fueron 30 las y los activistas ultimados (equivalentes a 67 por ciento más que en 2019 cuando se contabilizaron 18. Mientras que al inicio del actual sexenio, en 2018, fueron 14 y en 2017, 15, sobre todo indígenas”, comentó.
El uso excesivo de la fuerza, los procesos de criminalización, la apertura de expedientes judiciales a través de detenciones arbitrarias e ilegales en marchas o en bloqueos de rutas, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas telefónicas, las calumnias, las campañas de desprestigio y los asesinatos, son las principales formas de agresión de las y los defensores ambientales.
También pueden ser integrantes de movimientos; defensores de derechos humanos u organizaciones sociales que tienden a organizarse cada vez más y, en lugar de criminalizarlos -como ha hecho el presidente López Obrador recientemente-, advierte la diputada Chávez Flores, el gobierno debe responder por el cumplimiento de los derechos de estas personas defensoras del medioambiente.