Desde San Lázaro

Colima, endeudado y en quiebra por culpa del gobernador

La persecución judicial que se hará en torno a varios gobernadores salientes, como José Ignacio Peralta, son de pronóstico reservado.

La línea tirada desde Palacio Nacional es incuestionable y rotunda, los gobernadores electos deben promover las investigaciones en contra de sus antecesores en caso de que la quiebra financiera por las que transitan varias entidades, como Colima, Nuevo León o Michoacán, se deba por motivos de corrupción en la desviación de recursos públicos.

La persecución judicial que se hará en torno a varios gobernadores salientes, como José Ignacio Peralta; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de NL y Jaime Bonilla, Baja California, son de pronóstico reservado, aunque tres de ellos, la librarán y solo uno padecerá de las consecuencias de las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

En fin, como lo apuntamos en otras colaboraciones, estamos en proceso de seguir publicando algunas de las “travesuras” hechas por el mandatario estatal de Colima, mientras tanto diremos que la instrucción del presidente López Obrador, es tajante en torno a sancionar a Peralta y no solo porque vació las arcas públicas del Estado, sino porque le endosó el problema del impago con argumentos tramposos que sonaron más a chantaje que a un apoyo institucional.

En Colima, verbigracia, la falta de pagos en los sueldos de los trabajadores al servicio del estado, no solo se refiere a adeudos atrasados, sino a  las cinco quincenas que faltan para que se vaya el gobernador Ignacio Peralta,  ya que no se tienen los recursos presupuestales para cubrirlas y no porque la Federación no haya mandado las participaciones estatales en tiempo y forma, sino porque la mala administración del mandatario estatal ha sido desastrosa,  ello pesar de que ha tenido recursos económicos suficientes provenientes de créditos bancarios, de por lo menos más de 1,500 millones de pesos, contratados en el último año.

Si Indira Vizcaíno es omisa ante la corrupción que prevalece en la administración de su ex jefe, toda vez que ella se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social en el periodo de 2016 al 2017, en severos problemas se meterá no solo con sus paisanos, sino con el mismo presidente de México, quien está al tanto de la desviación de recursos públicos que ha hecho Nacho Peralta en favor del PRI, tanto nacional como local, con motivo de las elecciones del pasado 6 de junio y desde luego, también en beneficio propio a través de prestanombres y de proveedores del gobierno.

Se ha configurado otra estafa maestra en Colima para financiar proyectos políticos con recursos que son de los colimenses.

La quiebra financiera que se da en Colima tiene que pasar por el crisol de la corrupción, toda vez que tanto la deuda pública de esa entidad como el suministro, en niveles estables de las participaciones federales, es continua por parte de la SHCP.

El paro en los hospitales de Colima por falta de pago de salarios, se recrudece por la falta de insumos, medicamentos y equipo para la atención de los pacientes en al menos seis de los 8 nosocomios que operan en Colima, que están al 1oo % de su capacidad.

Colima es la entidad con mayor repunte de pacientes por Covid-19 y por ello los centros hospitalarios están al tope y lo más grave es que se carecen de los equipos médicos para atender a los pacientes que requieren entubación u oxigenación asistida.

La crisis de liquidez ha orillado a contratar más deuda que, de acuerdo a cifras preliminares llegará a ocho mil quinientos millones de pesos cuando la gobernadora Vizcaíno, asuma las riendas del estado.

La próxima gobernadora de Colima, no tendrá capacidad de maniobra para gobernar y menos para cumplir con sus promesas que signifiquen recursos públicos, toda vez que las participaciones que le tocarán en los primeros meses de su administración, por parte de la SHCP, se le adelantarán a Ignacio Peralta para cubrir la nómina.

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