El gobernador Ignacio Peralta dejará su encargo el próximo 31 de octubre con varios asuntos abiertos y un cúmulo de observaciones de la cuenta pública 2020, por parte de la Auditoria Superior de la Federación. Sin embargo, ello no es nada ante las demandas que se preparan por varios de los proveedores del gobierno de Colima, así como una serie de investigaciones que escudriñan las cuentas bancarias personales de varios personajes que se prestaron a encubrir diversas operaciones de compraventa que se hicieron durante su administración y que siguen en la mayor secrecía.
Empero, a este reportero le han llegado parte de esas pesquisas que emprenden algunas autoridades federales y que estarán listas para ser implementadas como carpetas de investigación que pronto se judicializarán.
Llama la atención que en la lista de estos notables de la política que son cómplices del gobernador Peralta, están algunos jerarcas del PRI. Pero no crea, estimado lector, que son a nivel estatal, para nada, están incrustados en la cúpula nacional.
Para nadie es un secreto la amistad entrañable que prevalece entre Nacho y Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, a tal nivel que no solo son compañeros de jarras, sino su relación trasciende al tema de los negocios.
De igual manera, la relación por intereses creados del mandatario estatal de Colima con algunos miembros de la jerarquía del PVEM es de sobra conocida, y pasa por el manejo discrecional de algunos permisos que tienen que ver con el Puerto de Manzanillo y claro, por el suministro de diversos insumos al sector de salud, en estos tiempos de pandemia.
En próximas colaboraciones en este espacio daremos algunos pormenores y nombres de las investigaciones que hacen autoridades federales, mientras tanto, diremos que tan solo es cuestión de tiempo para que se den a conocer, así como los nombres de los personajes implicados en actos de corrupción en connivencia con el mandatario estatal.
Esto solo es la punta del iceberg de la enorme corrupción que ha prevalecido en la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, que ha colocado a su administración en la quiebra financiera que ocasionó el impago de los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado.
Las participaciones de la Federación hacia esa entidad se han dado en tiempo y forma, aunque hay que señalar que se redujeron 150 millones de pesos y para resarcir esos recursos, Peralta contrató deuda por un monto superior a los mil millones de pesos y aún con eso, no tiene para pagar la nómina.
Desde hace años, el puerto de Manzanillo está en la mira de los auditores, tondo a nivel local como federal, toda vez que se sospechaba que existía una red de corrupción entre las autoridades portuarias, además de que también se ha vuelto blanco de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado para poder recibir y transportar droga y armas.
Las sospechas de corrupción fueron confirmadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno actual, que realizó una investigación en la que quedó descubierta una red en la que se otorgaban la venta y contratos de cesión parcial de derechos sin el aval de su consejo de administración y detectó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en esa estructura en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el diario El Universal, la investigación fue entregada el pasado diciembre, que confirmó la denuncia que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
Se encontraron tanto inconsistencias como incumplimiento y omisiones durante la gestión del exdirector de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas amigas, aunque al final no tuvo consecuencias legales.
La ASF confirmó que el director de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con la empresa Logística de Fluidos y Gráneles, que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Puertos; además, otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin cumplir la normativa.
La investigación de OIC de la API Manzanillo detectó que Ovidio Noval, junto con Ricardo Martínez, entonces director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernandez Cervantes, director general de puertos de la SCT, formalizaron el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones el 21 de agosto de 2017 con la empresa Logística de Fluidos y Gráneles, bajo el contrato APIMAN01-035/18 registrado el 27 de agosto de ese año, “a pesar de que la empresa no contaba con permisos y las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y de las autoridades ambientales”.
Tampoco “presentó la acreditación de contar con recursos financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto, entregó un título de propiedad que no se encontraba a su nombre, no presentó título de concesión de la zona federal marítimo terrestre y no proporcionó copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental”.
Nora Alba Borrego Balleza, quien es la titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la API Manzanillo, había señalado desde el 15 de octubre de 2018, mediante el oficio OIC 09/179/363/2018 que “hay elementos para indicar que los servidores públicos señalados cometieron presuntas irregularidades administrativas (…) debiendo ser revocado dicho contrato en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Puertos”.
El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal marítima especializada en almacenamiento de petrolíferos, para carga y descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel, agrícola, fertilizantes y carbón con vigencia de 20 años y la posibilidad de prorrogarse. (Continuará).