El absurdo de gastar los recursos públicos, provenientes en buena medida de nuestros impuestos, en promover a que la gente vaya a votar a una consulta popular cuyos efectos no serán vinculantes porque no se alcanzarán los 37 millones de votos para juzgar a actores políticos del pasado; representa un daño patrimonial a la nación, ya que se gasta sin sustento presupuestal y se moviliza en horarios de trabajo a burócratas y servidores públicos.
Es increíble cómo las prioridades del presidente de la República no son las del grueso de la población que clama por mayor seguridad pública, empleos y en general apoyos para salir de la crisis económica. Sin embargo, el presupuesto se los gastan para ‘movilizar al pueblo’ para que vaya a votar el 1 de agosto en una consulta popular que desde su génesis es un bodrio jurídico y que fue avalado por la SCJN, comandada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar.
Desde el Congreso, existen voces que no solo conminan a la gente a no votar, sino a castigar a aquellos servidores públicos que la alientan con el presupuesto etiquetado para otras partidas y que lo están usando para hacer campaña en favor del voto para juzgar, dicen ellos, aunque la pregunta no lo haga, a los últimos cinco expresidentes de México.
Cuando se les inquiere a los promotores del voto de que trata la pregunta, no tienen idea de cómo está formulado el cuestionamiento que finalmente estará en las boletas, además de que ignoran que todo el ejercicio será infructuoso de no alcanzar los 37 millones de votos para que sea vinculante.
En la capital del país, la instrucción de Claudia Sheinbaum para todos los trabajadores del gobierno capitalino es salir a las calles para convencer a la gente que vaya a votar, sin importar el costo que ello implique y si tienen que dejar de hacer su trabajo por el cual se les paga, no importa, si al fin y al cabo tienen que cumplir con la meta que se les impuso en cuanto al número de votantes que tienen que llevar a las casillas.
Vivimos en un país de cínicos en donde, no obstante las enormes carencias e infinitas necesidades que se tienen, se hacen de la vista gorda por el dispendio de dinero público y del tiempo de los servidores públicos, que tienen como instrucción superior promover la participación de la ciudadanía en la consulta popular.
Mientras que el sábado hubo manifestaciones en todo el país para exigir el abasto de medicamentos, principalmente para los niños con cáncer, el presidente de México ordena darle prioridad a la consulta, en lugar de abatir el rezago de medicamentos en el sector salud.
Se imaginan si alguno de los expresidentes que se pretenden juzgar hubiera promovido una consulta para ver si se castiga o no a sus enemigos políticos y para ello, con dinero de todos los mexicanos, hubiera promovido una consulta popular, pues lo llevan al paredón. Pero los cínicos de siempre se rasgan las vestiduras hoy por defender una supuesta cruzada contra la impunidad, cuando en este sexenio sobran caso de casos de corrupción, tanto en el círculo cercano de colaboradores del presidente como de su propia familia.
Se habla de que existen todavía más videos que muestran a familiares de AMLO recibir dinero en efectivo y eso es motivo suficiente no solo para aplicarles el peso de la ley, sino para promover el desafuero correspondiente.
El resultado del próximo 1 de agosto no será el que quiere el presidente, pero sí servirá para medir el poder de convocatoria del gobierno y en ello se juegan su permanencia en el cargo, toda vez que el otro año se llamará a votar en la revocación de mandato para ver si sigue o no en su cargo el presidente López Obrador.