Uno de los compromisos más emblemáticos de la Cuarta Transformación fue construir un sistema de salud “como el de Dinamarca”. A casi ocho años del inicio del proyecto político y a dos del actual gobierno, los indicadores muestran una realidad diametralmente opuesta.
Enfermarse en México es hoy más caro; el acceso a los servicios médicos públicos se ha deteriorado y millones de mexicanos han optado por atenderse con recursos propios ante la insuficiencia del sistema gubernamental.
Los datos del más reciente análisis de México Evalúa son contundentes y deberían encender las alarmas en el Congreso de la Unión, donde en unos meses comenzará la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
La organización documenta que el gasto de bolsillo destinado a la atención médica aumentó 41 por ciento, al pasar de mil 135 pesos trimestrales por persona a mil 605 pesos.
Detrás de esa cifra existe una realidad preocupante: millones de familias deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos para consultas médicas, medicamentos, estudios clínicos y hospitalización porque el sistema público simplemente no responde.
Cuando una familia tiene que pagar por aquello que el Estado debería garantizar, el problema deja de ser financiero y se convierte en un problema de política pública y de inclusión social.
El segundo dato es todavía más grave.
Más de 40 millones de mexicanos carecen actualmente de acceso efectivo a servicios de salud, más del doble de los registrados hace seis años. Es decir, lejos de ampliar la cobertura médica, México ha retrocedido en uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Este deterioro no ocurrió por casualidad.
La desaparición del Seguro Popular, que brindaba cobertura a millones de personas sin seguridad social, dejó un vacío que ni el INSABI primero ni el IMSS-Bienestar después han logrado llenar plenamente.
La transición institucional estuvo marcada por improvisaciones, cambios constantes de modelo, insuficiencia presupuestal y problemas de coordinación entre la Federación y los estados. También hay una buena dosis de ineptitud y corrupción.
Los resultados están a la vista.
Otro indicador de México Evalúa revela que siete de cada diez mexicanos prefieren atenderse fuera del sistema público, recurriendo a consultorios privados, farmacias o clínicas particulares, aun cuando ello implique un sacrificio económico considerable.
La razón es sencilla.
Las largas listas de espera, el desabasto de medicamentos, la falta de especialistas, la insuficiencia de equipo médico, las citas diferidas por meses y la saturación hospitalaria han deteriorado la confianza ciudadana en los servicios públicos de salud.
No se trata de una percepción.
Las propias cifras oficiales muestran que miles de pacientes esperan semanas o meses para consultas de especialidad y procedimientos quirúrgicos. Mientras tanto, quienes tienen posibilidades económicas pagan atención privada; quienes no las tienen simplemente posponen su tratamiento o renuncian a recibirlo.
Las consecuencias sociales son enormes.
Una enfermedad inesperada puede significar la pérdida del patrimonio familiar. Muchas personas recurren a préstamos, venden bienes o reducen otros gastos esenciales para poder comprar medicamentos o cubrir una intervención médica.
El gasto catastrófico en salud, precisamente el que el Estado debería evitar, vuelve a convertirse en una realidad para millones de hogares.
Paradójicamente, el gobierno insiste en sostener que el sistema avanza.
El primer paso para resolver cualquier problema consiste en reconocer su existencia. Sin embargo, el oficialismo continúa privilegiando el discurso político sobre el diagnóstico técnico.
Mientras organizaciones especializadas, académicos, universidades y organismos nacionales documentan el deterioro de los servicios, la narrativa gubernamental insiste en hablar de una transformación exitosa.
Negar la realidad no mejora los hospitales.
Tampoco abastece las farmacias, contrata médicos especialistas ni reduce los tiempos de espera.
La política pública en salud exige planeación de largo plazo, inversiones sostenidas y decisiones basadas en evidencia científica, no ocurrencias administrativas ni cambios de modelo cada sexenio.
México requiere fortalecer la atención primaria, modernizar hospitales, renovar equipos médicos, garantizar el suministro permanente de medicamentos, ampliar la formación de especialistas y consolidar un sistema nacional verdaderamente articulado entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud.
Todo ello demanda recursos.
Por eso será fundamental observar qué lugar ocupa la salud pública dentro del Presupuesto de Egresos de 2027. El Congreso no puede seguir aprobando asignaciones insuficientes mientras millones de mexicanos enfrentan crecientes dificultades para ejercer un derecho constitucional.
Los datos son irrefutables: enfermarse cuesta más, la cobertura disminuyó, el gasto familiar aumentó y la confianza en los servicios públicos sigue deteriorándose.
La salud pública no puede seguir siendo una promesa de campaña. Debe convertirse, de una vez por todas, en la prioridad presupuestal y política de la autollamada Cuarta Transformación o será, acaso, una transformación de cuarta.