Reza el dicho popular que lo que mal comienza, mal termina y así empezó el sexenio del presidente López Obrador con la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, mediante una consulta popular a todas luces inconstitucional, y que al día de hoy el daño patrimonial ronda los 331 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación, que después han corregido en varias ocasiones por presiones de ya saben quien.
En contraparte, el jefe del Ejecutivo federal ha señalado que ‘solo’ fueron 100 mil millones de pesos.
Por supuesto, a esa cifra hay que agregar el costo del aeropuerto de Santa Lucía, que por lo que se ha podido saber será de más de 100 mil millones de pesos, aunque este cálculo ya está en duda por los aumentos del gasto presupuestal que tuvo en 2020 y que son del orden de 128 por ciento más del originalmente aprobado que fue de 5 mil 372 millones y que al final se gastaron 12 mil 257 millones.
Esta terminal aérea es una ínsula que no tiene la interconexión terrestre con el aeropuerto de la CDMX y menos con el de Toluca, vamos, ni siquiera con vialidades importantes o terminales de transporte colectivo.
En resumen, un desastre que ha provocado un boquete en las finanzas públicas tanto por las erogaciones que se han hecho en indemnizaciones, pago de bonos, servicio de la deuda, además de dejar de usar en su mantenimiento del aeropuerto los recursos derivados de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que los viajeros pagan en varias terminales aéreas, ya que estos recursos también sirven para solventar el gasto ocasionado por la decisión presidencial.
Al debate de la danza de los miles de millones que ha costado esa cancelación, ha entrado al quite el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien asevera que el costo total excedió fácilmente los 240 mil millones de pesos.
El primer titular de SHCP de AMLO señaló que 80 mil millones de pesos ya habían sido invertidos o estaban a punto de serlo, además de los 160 mil millones en bonos que aún, muchos de ellos, siguen en manos de inversionistas, la mayor parte extranjeros. Esos bonos son otros pasivos para la nación.
Dice el antecesor de Arturo Herrera que las repercusiones económicas que tuvo de manera indirecta la cancelación del nuevo aeropuerto siguen siendo enormes.
“El anuncio de la cancelación y la forma en que se sustentó provocó que la contribución de la inversión privada en la producción nacional empezó a descender de manera significativa y ahora, después de la pandemia y las contrarreformas en materia energética, está en su nivel más bajo en los últimos 25 años”.
Apunta Urzúa en su artículo semanal publicado en El Universal que para evitar las consecuencias legales con los tenedores de los bonos, el gobierno tuvo que recomprar a un costo elevado una parte, mil 800 millones de dólares y además aumentar las garantías para los tenedores de bonos aún vigentes por 4 mil 200 millones de dólares.
En tiempos en que los recursos públicos son escasos y que se erogan a cuentagotas y no se canalizan para resolver los problemas más acuciantes por los que transita la población, como atender los efectos derivados por la pandemia y el mal gobierno, pues cala ese desperdicio de recursos públicos, ese daño patrimonial a la nación que los responsables deben de pagar tarde que temprano.
El gobierno no tiene dinero para nada que no sea para pagar el gasto corriente, los servicios de la deuda, las pensiones, las tres obras de AMLO: Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, además de fondear los programas asistenciales que no buscan erradicar la pobreza, sino mantener una base clientelar con tintes electorales.
Si ahora en la víspera de las elecciones se tienen grandes carencias que se pretenden tapar con el gasto que se usa para captar simpatías entre el electorado, no quiero imaginar qué pasará en el segundo semestre del año en el cual ya se habrá agotado el presupuesto destinado para 2021.