La intempestiva decisión de Rubén Rocha Moya de reasumir la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia y sin contar con el beneplácito de Palacio Nacional, y horas después renunciar —lo que significa que se va para siempre del gobierno—, no debe observarse como el simple berrinche de un político que se resiste a perder el poder.
Estamos frente al primer desafío abierto de AMLO y su grupo contra la presidenta Claudia Sheinbaum y, por lo tanto, ante una fractura que amenaza con crecer conforme Estados Unidos apriete las tuercas sobre los políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Rocha salió de su madriguera por un momento, mientras las investigaciones en Estados Unidos se conforman en su contra por conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa. Él rechaza los cargos y sostiene su inocencia, pero el problema político permanece intacto. Su reincorporación fue unilateral y provocó algo impensable meses atrás: el deslinde prácticamente inmediato de la Presidencia, de Morena y de casi todo el bloque del oficialismo.
Hay un cisma dentro de la Cuarta Transformación.
Rocha Moya difícilmente habría tomado una decisión de semejante tamaño político sin calcular las consecuencias. Su regreso desafía directamente la estrategia de Sheinbaum para contener una crisis que amenaza la relación con Estados Unidos y coloca nuevamente sobre la mesa la incómoda discusión sobre los personajes del oficialismo investigados o señalados desde aquel país.
El episodio de Andy López Beltrán ya había encendido las alarmas. Estados Unidos le canceló la visa y la Embajada norteamericana recordó públicamente que ese documento puede ser revocado cuando existan razones para hacerlo. La reacción del clan López Obrador fue inmediata y pretendió convertir una decisión administrativa estadounidense en un conflicto político.
El mensaje fue evidente: alrededor del expresidente existe enorme preocupación y temor por las decisiones que está tomando Washington. Mientras eso ocurría, Claudia Sheinbaum enviaba una señal diametralmente distinta.
Omar García Harfuch acudió a Buenos Aires a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA y con representantes de más de cien países. Ahí, el director de la agencia estadounidense, Terry Cole, calificó al secretario mexicano como un “socio confiable” y destacó públicamente su liderazgo y cooperación. Harfuch, por su parte, reconoció que el intercambio de información con Estados Unidos se ha acelerado considerablemente.
Este episodio caló profundo en López Obrador y a partir de ese momento ha tomado una serie de decisiones que acelerarán la caída de su clan.
Son dos grupos definidos dentro del oficialismo. Por un lado, se encuentra el grupo político heredado del sexenio anterior, empeñado en cerrar filas frente a cualquier señalamiento proveniente de Estados Unidos; por el otro, una presidenta que necesita mantener funcionando la relación bilateral y que sabe perfectamente que enfrentarse simultáneamente con la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y las agencias de seguridad estadounidenses sería una apuesta suicida para México.
En medio de la negociación del T-MEC y de un sinnúmero de temas que están colgados con alfileres en la relación con Donald Trump.
Por eso resulta significativo que, después del regreso de Rocha a la gubernatura, gobernadores, dirigentes de Morena y legisladores oficialistas hayan cerrado filas alrededor de Sheinbaum y no del mandatario sinaloense. El mensaje tiene destinatario: en México hay una sola presidenta de la República y las decisiones del gobierno federal se toman en Palacio Nacional, no en Palenque.
“Me estás oyendo, inútil”, como citaba Paquita.
La decisión del gobernador cayó como una bomba en Palacio Nacional, que causó la ira presidencial que orilló a su ausencia de la mañanera por motivos de “salud”. Rocha Moya puede convertirse en el símbolo de una resistencia mucho mayor: la de aquellos personajes del obradorismo que consideran que Sheinbaum debe protegerlos hasta las últimas consecuencias frente a Estados Unidos.
Pero la presidenta enfrenta una disyuntiva histórica.
Puede cargar con todos los expedientes heredados del sexenio anterior o puede construir su propio gobierno, tomar plenamente el mando y dejar que cada quien responda por sus actos.
Es decir, asumir su responsabilidad histórica como la primera mujer presidenta del país.
Mientras tanto, estamos viendo las fisuras de la relación de AMLO con Sheinbaum.
Yo me quedo como colofón de ese affaire con el mensaje en X de la presidenta: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder… México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna”.