Este lunes se anunció que el Nobel de Economía se otorgó a Robert E. Hall y Michael Woodford por sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Su idea central es sencilla y poderosa: hogares y empresas toman decisiones hoy con base en lo que esperan que ocurra mañana.
Por eso, cuando un gobierno o banco central comunica claramente sus planes, influye en las expectativas y, por ende, en el consumo, la inversión y los precios. La credibilidad no es un adorno de la política económica, sino una de sus herramientas. Dicho de otro modo: la estabilidad depende de expectativas con ancla.
Así, mientras las familias deciden cuánto consumir y ahorrar según sus expectativas de ingreso, las empresas resuelven invertir, expandirse o contraerse según lo que esperan del futuro.
Curiosamente, el mismo día del anuncio del premio, Sheinbaum respondía a Trump, que el sábado había vuelto a poner en duda el futuro trilateral del T-MEC, que el tratado es ley. Ambos presidentes, quizá sin proponérselo, pusieron a prueba, en el terreno comercial, las ideas que les valieron el Nobel a los economistas estadounidenses.
Recordemos que desde julio, la revisión del T-MEC se volvió anual, y la consulta pública abierta por la USTR corre hasta enero de 2027. Es un cambio de fondo: el tratado se diseñó para revisarse cada seis años y, con acuerdo, extenderse por 16 más. La volatilidad se acentuó el sábado, cuando Trump, en un mitin de campaña en Tennessee, prometió un nuevo acuerdo comercial con México y aseguró que EU no necesita a Canadá. No dio fecha, contenido ni forma jurídica; en lugar de un texto, ofreció un adjetivo: que el acuerdo será grandioso. Bajo la lógica de Hall y Woodford, la incertidumbre dejó de ser coyuntural y se volvió estructural, formando parte del horizonte institucional con el que las empresas deben planear.
Estas repercusiones no se medirán solo con cancelaciones de proyectos, sino también en las inversiones que se deciden pausar. Por ejemplo, una inversión de largo plazo depende de estimaciones sobre costos, demanda, acceso a mercados y reglas futuras. Así, si esas variables son menos previsibles, aumenta el valor de posponer la decisión.
Por su parte, Sheinbaum sostuvo que el T-MEC fue aprobado por los congresos y no desaparece por una declaración presidencial: es ley.
Debemos distinguir entre la vigencia jurídica del acuerdo y la incertidumbre sobre su extensión, las condiciones de acceso al mercado y la continuidad de las reglas. En esa ecuación también pesan el Congreso, las empresas, los tribunales y los intereses productivos en Estados Unidos.
México puede esforzarse por anclar expectativas y aun así pagar parte del costo de una incertidumbre que no controla por completo.
Como señalé en este espacio hace unas semanas, las mesas pueden estar jurídicamente separadas mientras las palancas políticas están conectadas. Las declaraciones durante un mitin, a tres semanas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, confirman que para Trump el comercio es política interior.
A los tres calendarios electorales de Norteamérica habría que sumar un cuarto: el de la inversión, que no espera a nadie. Las plantas, los proveedores, los proyectos de infraestructura, incluso los trabajadores, no pueden pausar indefinidamente sin consecuencias económicas.
En este panorama, México debe mantener consistencia en su comunicación, defender la vigencia del tratado por las vías institucionales, fortalecer el diálogo con el Congreso y los actores empresariales estadounidenses y reducir vulnerabilidades productivas, energéticas y comerciales. Esto es, construir certidumbre donde Washington siembra dudas.
Siguiendo la tesis del Nobel de Economía, el punto de encuentro entre los tres países del T-MEC debería ser reducir una incertidumbre que ya nos cuesta a todos. La pregunta es cuánta incertidumbre más estamos dispuestos a tolerar y quién terminará pagando sus costos.