Durante años, la legalización de la mariguana se presentó como una fórmula capaz de reducir la violencia, debilitar el mercado ilegal, generar empleos y reparar el daño histórico causado por la criminalización de miles de personas.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que regular un mercado tan complejo exige mucho más que aprobar una ley.
Estados Unidos ofrece hoy una lección que pocos anticipaban. Después de más de una década de expansión, la industria legal del cannabis atraviesa la peor crisis de su historia.
El precio mayorista de la flor ha caído a mínimos históricos; estados pioneros como Colorado han visto desplomar sus ventas en más de 40 por ciento respecto del auge; miles de empleos se han perdido y numerosos establecimientos han cerrado.
La euforia inicial dio paso a un mal viaje que se tradujo en una corrección severa del mercado.
La causa no parece ser una caída en el consumo. Estudios de Whitney Economics, junto con análisis del First Citizens Bank y de la National Cannabis Industry Association, apuntan más bien a cuestiones multifactoriales. Sobreproducción, exceso de licencias y concentración empresarial son parte del problema.
Asimismo, que las empresas no puedan deducir gastos ordinarios, las somete a elevadas cargas fiscales.
Pero, sobre todo, uno de los ejes torales de la complejidad es la ausencia de un marco legal coherente: varios estados permiten el uso recreativo; sin embargo, el gobierno federal sigue considerando ilegal el cannabis.
Paradójicamente, un mercado que prometía democratizar oportunidades terminó favoreciendo a las empresas con mayor capacidad financiera, desplazando a pequeños productores.
Por el contrario, en México el problema no es una regulación deficiente. El problema es la ausencia de una regulación integral.
En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia eliminó, con efectos generales, la prohibición que impedía realizar diversas actividades relacionadas con el uso del cannabis.
Esta resolución marcó el punto culminante de una línea jurisprudencial iniciada en 2015, cuando la Primera Sala, a propuesta del ministro Zaldívar, amparó a los promoventes al considerar que la prohibición absoluta del consumo lúdico de la mariguana vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues constituía una medida desproporcionada para proteger la salud pública.
Sin embargo, cinco largos años después, el Congreso de la Unión aún no ha expedido una legislación que regule integralmente la producción, comercialización y consumo del cannabis.
Esto es, México continúa en una situación atípica: existe un derecho reconocido por la Suprema Corte, pero no se tiene un marco legal que establezca las reglas para ejercerlo.
En la práctica, quienes desean consumir cannabis con fines recreativos siguen dependiendo de autorizaciones individuales expedidas por la COFEPRIS con fundamento en los precedentes de la Suprema Corte.
La política pública descansa así en resoluciones judiciales y procedimientos administrativos, no en una legislación aprobada por el Congreso de la Unión.
El caso estadounidense demuestra que legislar no garantiza el éxito; el mexicano evidencia que tampoco basta con reconocer judicialmente un derecho.
Una regulación deficiente puede generar concentración económica y frustrar sus objetivos sociales, mientras que la falta de legislación perpetúa la incertidumbre para consumidores, autoridades e inversionistas y mantiene espacios para el mercado ilícito.
El verdadero desafío consiste en diseñar instituciones capaces de equilibrar libertades individuales, salud pública, desarrollo económico y justicia social.
Estados Unidos muestra los riesgos de una regulación incompleta; México, los costos de una regulación inexistente.
Ni las sentencias sustituyen al legislador ni la legalización, por sí sola, garantiza los resultados prometidos.
El punto de encuentro nunca estará entre prohibir o legalizar. Ese es un falso debate.