Así me dijo una amiga hace años, al conversar sobre la diferencia entre preferencia y orientación sexual para dejar claro que ésta no se elige, sino que simplemente se ejerce.
Sin embargo, lo que sí podemos elegir como sociedad, es el cómo vivir nuestra orientación sexual e identidad de género y qué tan libres nos sentimos para hacerlo.
Junio, mes del orgullo, conmemora décadas de lucha de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de otras diversidades sexogenéricas por su dignidad, igualdad y libertad.
Es una ocasión calendarizada para reflexionar sobre la discriminación y violencia que aún enfrentan quienes desafían las normas tradicionales de género y sexualidad.
En ese contexto, es especialmente relevante la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia al resolver la AI 4/2026, sobre una reforma relacionada con los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual, la Identidad o la Expresión de Género (ECOSIEG), conocidos como terapias de conversión.
La Corte declaró inválidas dos disposiciones preocupantes: una que eximía parcialmente a madres, padres o tutores que sometieran a niñas, niños y adolescentes a estas prácticas, y otra que excluía responsabilidad penal cuando un adulto hubiera dado su consentimiento.
La decisión fue clara: ni la responsabilidad parental ni el consentimiento justifican intervenciones para restringir aspectos esenciales de la identidad de una persona.
La discusión va más allá del derecho y entra a terrenos filosóficos: ¿qué nos hace pensar que es legítimo que la sociedad intente cambiar el ser de una persona?
La respuesta de la Suprema Corte mexicana contrasta con la que, hace apenas unos meses, adoptó la Suprema Corte de Estados Unidos en Chiles v. Salazar. Ahí, el tribunal sostuvo que prohibir ciertas terapias de conversión podía restringir la libertad de expresión de los profesionales de salud mental, pues regulaba el contenido de sus conversaciones con pacientes. Bajo esa lógica, consideró que los estados conservan amplio margen para proteger o permitir estas prácticas si lo estiman compatible con la Constitución.
Así, mientras la Corte estadounidense puso en el centro las restricciones al discurso profesional y la capacidad regulatoria de los estados, la mexicana puso el acento en la dignidad, igualdad y protección de las personas sujetas a estas prácticas.
Son dos aproximaciones distintas: una privilegia la libertad frente al Estado; la otra determinó que ninguna libertad puede legitimar prácticas que busquen anular aspectos esenciales de la identidad humana.
Durante décadas, muchas personas crecieron escuchando que la homosexualidad era una enfermedad o que la diversidad sexual podía “curarse”. Hoy existe un consenso científico internacional que reconoce que la orientación sexual y la identidad de género forman parte de la diversidad humana.
Por ello, las terapias de conversión parten de una premisa equivocada: que existe algo defectuoso que debe corregirse.
Diversos organismos internacionales han advertido que los ECOSIEG pueden provocar depresión, ansiedad, culpa, aislamiento e incluso pensamientos suicidas. No buscan proteger a las personas, sino que éstas se ajusten a expectativas sociales sobre cómo amar, sentirse o vivir.
El problema no es solo que son ineficaces, sino que parten de la idea de que algo está mal en la diversidad misma.
Quizá lo más importante de la resolución mexicana es que afirma que los derechos humanos no existen para proteger únicamente a quienes se parecen a la mayoría; existen para garantizar que nadie sea obligado a renunciar a su identidad para ser aceptado.
Y cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, esa obligación de protección se vuelve aún más apremiante.
La experiencia democrática nos enseña que la convivencia no exige uniformidad. No hay que pensar igual ni vivir de la misma manera.
Una sociedad verdaderamente libre es nuestro gran orgullo y punto de encuentro para lograr ser quienes somos.