Nos presentaron a ChatGPT, Gemini o Claude como herramientas útiles para estudiantes, empresas o gobiernos; sin embargo, a poco de conocerlos, nos dimos cuenta de su configuración como infraestructuras de poder tan importantes que el verdadero debate que hoy nos ocupa no es si el Estado debe intervenir para regular a la IA, sino en qué grado.
Anthropic —una de las principales plataformas de IA—, valuada en sumas billonarias de dólares (Forge Global, 2026), se convertirá en una de las tres empresas listadas en bolsa con esa valuación en 2026, junto con SpaceX y OpenAI.
Esta empresa ya tiene antecedentes complejos con el gobierno de Trump, quien la ha calificado incluso como un “riesgo a la cadena de suministro de seguridad nacional”; y, a la cual, hace apenas unos días, se le ordenó bloquear el acceso de sus modelos más avanzados a todos los extranjeros, incluyendo a los empleados de la propia empresa que no son ciudadanos estadounidenses.
Ejemplos como este nos dicen que Estados Unidos, más que regular a la IA, en realidad está nacionalizando su acceso con cierta opacidad y sin ley de por medio (Naked Capitalism, 2026).
Por su parte, el gobierno del Reino Unido creó en abril el Sovereign AI Fund, un fondo de capital de riesgo de 500 millones de libras para invertir directamente en empresas británicas de IA y reducir la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros (SOV/AI, 2026).
China va más lejos todavía: DeepSeek lanzó un nuevo modelo diseñado específicamente para los chips de Huawei, consolidando la autonomía tecnológica del país en el sector (Reuters, 2026).
La lógica detrás de esas estrategias es clara. Si empresas privadas pueden influir en operaciones militares, detectar vulnerabilidades críticas, realizar ciberataques sofisticados, alterar mercados financieros o moldear la forma en que miles de millones de personas acceden al conocimiento, entonces la preocupación deja de ser solamente sobre un negocio tecnológico y se convierte en una cuestión de interés público.
Incluso, hay quienes comienzan a compararla con la electricidad que inició como lujo para convertirse en una necesidad básica que obligó a los gobiernos a garantizar su acceso, continuidad y reglas de operación.
Paradójicamente, en México la conversación ha comenzado a tomar otro camino con la llamada Ley Serrano en San Luis Potosí.
Una regulación que nació para atajar riesgos de manipulación digital y los contenidos falsificados con IA parece haberse utilizado como amenaza contra periodistas, medios y voces críticas.
De ahí que hay que distinguir entre regulaciones que limitan concentraciones de poder que amenazan el interés público y regulaciones que terminan ampliando la capacidad del gobierno para vigilar, sancionar o inhibir expresiones incómodas.
En un caso, el Estado actúa para proteger a los ciudadanos frente a actores poderosos. En el otro, los ciudadanos pueden terminar necesitando protección frente al propio Estado.
Así, la regulación de la IA hoy deja de ser opinable; lo que está en debate, incluso en terrenos democráticos, es el cómo y hasta dónde.
La intervención estatal es inevitable, ya que no podemos dejar decisiones fundamentales en manos de un puñado de corporaciones globales.
Pero regularla mal abre la puerta al autoritarismo, opacidad, censura y vigilancia indebida.
La historia está llena de ejemplos: la electricidad, la radio, la telefonía, la banca e incluso internet terminaron sujetas a reglas especiales debido a su importancia social.
Pero la legitimidad de esas regulaciones nunca dependió únicamente de sus objetivos declarados.
Dependió de las garantías institucionales que impedían que el poder regulatorio se transformara en un mecanismo de control político.
Lograr el punto de encuentro es un reto que requiere contener el poder, público y privado, sin sacrificar las libertades y derechos involucrados.
Espero que no tengamos que preguntarle a ChatGPT cómo lograrlo.