El pasado 1 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y buena parte de su gabinete realizaron uno de los anuncios más relevantes para la capital.
Después de meses de diálogo entre el Gobierno capitalino y el sector empresarial, organizado a través del G9 —COPARMEX CDMX, CANACO, CANACOPE, CANIRAC, CANACINTRA, CANADEVI, ANTAD, ADI, CMIC, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y el Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos—, se alcanzó un acuerdo para avanzar hacia una política de cero clausuras para negocios de bajo impacto.
Para COPARMEX Ciudad de México, este es un logro importantísimo: construimos, junto con nuestros compañeros, un nuevo modelo de verificación del INVEA que busca proteger a los comercios frente a cierres derivados de irregularidades administrativas que pueden corregirse.
Reconocemos a la jefa de Gobierno; a la secretaria Manola Zabalza; a Juan Pablo de Botton y, al titular del INVEA, Jorge Esquinca, porque se atrevieron a repensar la relación del gobierno con la ciudadanía.
Desde su creación, en 2010, el INVEA tiene la responsabilidad de verificar que los establecimientos cumplan las disposiciones administrativas. Esa función es indispensable para la legalidad y la seguridad, pero ejercerla no debería significar que cada irregularidad corregible termine con una clausura. Sin embargo, durante años, su actuación ha sido percibida desde una lógica predominantemente punitiva.
El Código Avisa contempla hasta tres avisos preventivos para establecimientos de bajo impacto y dos para los de impacto vecinal antes de suspenderlos. Los negocios de alto impacto mantienen controles más estrictos, y cualquier riesgo grave para las personas exige la intervención inmediata de la autoridad.
Pero nada de esto será suficiente sin el acompañamiento de la sociedad civil organizada y del sector empresarial. No basta comunicar esta nueva realidad: también hay que exigir a los alcaldes que asuman su responsabilidad y protejan a quienes generan empleo.
Por eso estamos preparando un índice público de suspensiones y clausuras, así como una plataforma donde cualquier empresario pueda denunciar posibles extorsiones de autoridades, de manera anónima o con su identidad, según lo decida, con garantías de protección de datos personales.
Estos instrumentos serán la base de un acuerdo que COPARMEX solicitará a los titulares de las 16 alcaldías para comprometerlos a cuidar a las empresas.
También pediremos a quienes aspiren en el futuro a gobernar una alcaldía que se comprometan a proteger la actividad económica y combatir la extorsión.
Necesitamos una cultura que privilegie la generación de riqueza y empleo, que van de la mano, y que condene las conductas de funcionarios que incluso presumen en redes sociales los negocios que castigan, con soberbia e impunidad. Ningún servidor público debería confundir la vigilancia de la ley con la exhibición de quien trabaja.
Para eso existen organismos como COPARMEX CDMX: Para defender los intereses legítimos de los empresarios. No olvidemos que gran parte de las empresas mexicanas son negocios familiares y muchas operan con márgenes reducidos.
Sí, dimos un paso importante, reconocemos al Gobierno de la Ciudad de México y también asumimos nuestra parte para que este acuerdo se realice en pro de la confianza y la defensa de los empresarios y la generación de empleo digno.