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UIF va contra empresa del sobrino del ‘Mayo’ Zambada: ¿Qué sabemos del negocio de frutas y verduras?

Un sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada sufrió el bloqueo de cuentas de su empresa por movimientos sospechosos.

Una empresa vinculada a un sobrino del "Mayo" Zambada es investigada por movimientos sospechosos.
Una empresa vinculada a un sobrino del "Mayo" Zambada es investigada por movimientos sospechosos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a dos personas, una física y otra moral, esta última propiedad de uno de los sobrinos de Ismael El Mayo Zambada, contra el bloqueo de cuentas bancarias.

Con ello, el tribunal constitucional abandonó dos jurisprudencias de la antigua integración, que limitaba el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF a casos solicitados por autoridades extranjeras.

Según los ministros, ello limita injustificadamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, y crea un obstáculo innecesario para que la UIF combata el lavado de dinero y otros delitos.

Lenia Batres, ministra ponente, dijo que con ello se reconoce la capacidad del Estado para investigar y contener el flujo de recursos de origen ilícito y los efectos económicos negativos para el erario y la economía en general.

La empresa citada es Fresh Packing Corp, constituida en Estados Unidos, cuya actividad comercial es la compra y venta, al por mayor, de productos perecederos, como verduras, frutas y hortalizas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueó una serie de cuentas bancarias al detectar movimientos inusuales por alrededor de 21 millones de dólares.

UIF congelará cuentas sin orden judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para introducir a alguien a la Lista de Personas Bloqueadas, sin orden judicial, cuando haya sospechosa de actividad ilícita como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Por mayoría de seis votos a tres, ministras y ministros determinaron que dicha facultad no atenta contra el derecho a la propiedad, presunción de inocencia, derecho de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídica, como alegó una minoría de legisladores de oposición del Congreso de la Unión.

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