TFJA ordena a FGR analizar nuevamente posible indemnización a detenidos en marcha por aparición de los 43

Un Tribunal Federal abrió este miércoles la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) indemnice a cuatro personas que reclaman una detención arbitraria, el 20 de noviembre de 2015, tras una marcha en la Ciudad de México por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TFJA) determinaron por unanimidad de 11 votos, que la FGR debe invalidar un acuerdo de 31 de julio de 2018 por el cual negó el pago y le ordenó que analice nuevamente el caso y emita otra resolución justificando la actuación del personal de la dependencia.

Estimaron que, contrario a lo resuelto por la FGR, es a dicha institución a quien corresponde la carga de la prueba de demostrar la buena o mala actuación de los elementos de la desaparecida PGR.

Se trata de un caso impulsado por periodistas, académicos y activistas, encabezados por Lydia Cacho, Lorenzo Meyer y Luis Armando González Plascencia, entre otros, a quienes el tribunal sacó del caso al considerar que carecen de legitimidad para actuar en el mismo.

“Resulta infundada la causa de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, en consecuencia, no se sobresee el presente juicio”, dijeron los magistrados en sesión pública.

Los beneficiados de la decisión son Luis Carlos Pichardo Moreno, Tania Ivone Damián Rojas, Hugo Bautista Hernández, y Atzin Andrade González.

El 20 de noviembre de 2015, tras una marcha en la Ciudad de México por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hubo hechos de violencia provocados por un grupo de encapuchados.

Aquel día hubo 32 personas detenidas, algunas de ellas llevadas a las instalaciones del entonces SEIDO, de la PGR.

Dichas personas alegaron detención arbitraria, agresiones físicas durante la detención y traslado, privación de la libertad, incomunicación, tortura y agresiones durante la detención en la SEIDO.

Asimismo, acusaron fabricación de evidencia, traslado a penales de alta seguridad y omisión de adoptar políticas públicas y protocolos para la atención de las marchas y manifestaciones con perspectiva de derechos humanos.

Por ello, iniciaron un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado y con ello exigieron el pago de una indemnización derivado de la mala actuación de los elementos de la desaparecida PGR en su contra.

Aunque en principio la PGR se negó al pagado, los quejosos promovieron un amparo que les dio la razón y hoy se ratificó con la decisión del TFJA. Cabe destacar que el mismo caso también se dirime en la Suprema Corte.