El Gobierno de Sudáfrica emitió una directiva para impulsar un cambio normativo que admitiría alternativas a los requisitos de propiedad exigidos a compañías extranjeras de internet satelital, como Starlink, del magnate Elon Musk.
La decisión suscitó este sábado críticas del Congreso Nacional Africano (CNA), principal partido del Ejecutivo de coalición.
El principal obstáculo para Musk, nacido en Sudáfrica, fue la exigencia legal de que los inversores extranjeros en telecomunicaciones cedan 30 por ciento de sus acciones a empresas locales pertenecientes a personas de comunidades vulnerables, como personas negras, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
En mayo pasado, el ministro sudafricano de Comunicaciones y Tecnologías Digitales, Solly Malatsi, propuso un cambio legal en un borrador que requeriría que el organismo regulador, la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA), implemente modificaciones a las regulaciones promulgadas para cumplir con los imperativos de otras leyes nacionales.
El ministro propuso el “reconocimiento de los programas de inversión con equivalente de capital”, que incluyen la financiación de talento, infraestructura o el desarrollo de pequeñas empresas, como alternativa al requerimiento del 30 por ciento de las acciones.
Este viernes, Malatsi emitió una directiva para acometer esos cambios tras recibir, desde mayo, “más de 19 mil presentaciones sobre el borrador”, según reveló en la red social X.
De esas presentaciones, subrayó, “el 90 por ciento apoya la dirección de la política por la claridad regulatoria que brinda y su potencial para ampliar el acceso a Internet de alta velocidad”.
“La orientación política final refuerza la paridad regulatoria. No favorece a ninguna entidad, no elude la Ley de Comunicaciones Electrónicas ni debilita la transformación”, aseguró el ministro.
“El propósito de esta orientación política —concluyó— es garantizar que se reconozca y aplique adecuadamente todo el alcance del empoderamiento económico”.
Acusan intento saltar marco regulatorio para la aprobación de las modificaciones
Sin embargo, el CNA declaró este sábado su “profunda preocupación” por la directiva publicada el viernes por Malatsi.
A juicio del partido, el texto “introduce directrices políticas que exceden la autoridad legislativa del ministro, socavan el marco de transformación de Sudáfrica y amenazan la integridad de nuestro entorno regulatorio de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y el sector postal”.
“Esto refleja una preocupante tendencia en la que los ministros de la Alianza Democrática buscan eludir al Parlamento, reformando las leyes mediante directivas en lugar de seguir los procesos legislativos democráticos”, agregó el CNA, en alusión al segundo partido de la coalición gubernamental, al que pertenece Malatsi.
En poco más de un año, Starlink desembarcó en más de 20 países africanos, lo que sacudió a empresas nacionales de telecomunicaciones.
En el caso sudafricano, la compañía aún espera la aprobación oficial de su licencia por parte de ICASA.
El borrador del cambio normativo de mayo se emitió después de la reunión celebrada ese mes en la Casa Blanca entre el presidente de Sudáfrica y del CNA, Cyril Ramaphosa, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
La reunión estuvo marcada por la discusión con Trump debido a acusaciones, sin pruebas, del mandatario estadounidense sobre un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) en el país austral, señalamientos que tensaron la relación bilateral y que Pretoria negó de forma categórica.
Musk, quien hasta finales de mayo ejerció como asesor especial de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), afirmó en el pasado que se prohíbe a Starlink operar en Sudáfrica porque él no es negro, y acusó al Gobierno sudafricano de tener “leyes de propiedad abiertamente racistas”.
