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El senador de Ohio J.D. Vance, un entusiasta converso a la causa de Donald Trump, ofreció una vez una visión amplia de cómo debería gobernar Trump en un segundo mandato: “despedir a todos los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios del estado administrativo, reemplazarlos con nuestra gente”.
Las encuestas a un año de las elecciones de 2024 sugieren que Trump tiene buenas posibilidades de ganarlas. Si lo hace, él y sus aliados quieren estar preparados para gobernar el país como no lo estaban en 2016.
Durante más de un año, los grupos que apoyan a Trump han estado publicitando planes para ocupar puestos gubernamentales con personas leales a él si gana un segundo mandato.
Trump cree que su primer mandato fue socavado por burócratas del “Estado profundo”, abogados “débiles” e incluso “generales despiertos”. Algunos de sus oponentes argumentan que los funcionarios del gobierno efectivamente actuaron como “barandillas” durante la administración de Trump, salvando al país de sus peores instintos.
Parece haber casi un consenso entre los amigos y enemigos de Trump de que sus planes autoritarios para un segundo mandato requerirían más funcionarios gubernamentales cooperativos que la última vez.
Pero, ¿hasta qué punto podría Trump realmente remodelar el gobierno de Estados Unidos?
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Teoría de la política burocrática
En 1971, el politólogo Graham Allison escribió Essence of Decision, un análisis de las acciones de la administración Kennedy en la crisis de los misiles cubanos. Allison argumentó que las decisiones de política exterior del gobierno de Estados Unidos no podían entenderse simplemente como respuestas racionales a situaciones externas. Las decisiones son resultados políticos resultantes de complicados “juegos” jugados entre diferentes actores dentro del gobierno.
Incluso en política exterior, un ámbito en el que el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder en comparación con otras áreas de política, el presidente necesita ayuda para tomar decisiones. Esas decisiones reflejan negociaciones entre secretarios de gabinete, figuras militares, diplomáticos y asesores, todos los cuales tienen sus propios intereses y puntos de vista.
Uno de los primeros críticos del libro, el estudioso realista de las relaciones internacionales Stephen Krasner, no quedó impresionado por este análisis. Creía que sería popular entre los responsables políticos de alto nivel porque oscurecería su responsabilidad por las decisiones que tomaban.
Al final, argumentó Krasner, hay un único que toma las decisiones en la política exterior de Estados Unidos: el presidente. Los juegos se pueden jugar entre el personal y los burócratas del presidente, pero son juegos cuyas reglas las escribe el presidente y cuyos jugadores son elegidos por el presidente.
La teoría de Allison resonaría entre quienes imaginan un establishment de “Estado profundo” frustrando la agenda del presidente. Trump no es el primer presidente que critica la oposición arraigada en su propia administración, especialmente en política exterior. El personal de Barack Obama se quejó de “The Blob”, un establishment militarista que incluía al secretario de Defensa de Obama.
Otros presidentes demócratas también utilizaron metáforas parecidas a burbujas. Allison señaló que John F. Kennedy describió al Departamento de Estado como “un cuenco de gelatina”, mientras que Franklin D. Roosevelt dijo que tratar de cambiar algo en la Marina era “como golpear un colchón de plumas”.
Pero deberíamos recordar las advertencias de Krasner de que los presidentes y sus aliados utilizarían la oposición burocrática como excusa para las deficiencias de los sistemas que controlaban. En ocasiones, Trump se sintió frustrado por las personas designadas que ignoraron sus órdenes o se negaron a ejecutarlas porque eran ilegales.
Pero esas personas generalmente no duraban mucho en la administración después de chocar con Trump.
La administración de Trump estableció récords de rotación entre el personal de la Casa Blanca y los puestos del gabinete, y tuvo una tasa de vacantes muy alta para los nombramientos confirmados por el Senado. Al final de su presidencia, casi todos los que no estaban de acuerdo con él se habían ido, y su gabinete estaba lleno de secretarios en funciones. Esto, afirmó, le dio “más flexibilidad”.
La inexperiencia y la incompetencia del pueblo de Trump fueron al final problemas mayores para él que la deslealtad y la oposición. Seleccionar altos funcionarios sólo por su lealtad podría ser la receta para otros cuatro años de dominación sin control.
Aplastando el estado administrativo
Los aliados de Trump tienen ambiciones más allá de imponer lealtad al empresario, quien sólo puede cumplir un mandato más. Su exestratega jefe, Steve Bannon, pidió a principios del primer mandato de Trump la “deconstrucción del Estado administrativo”. Esto puede parecer nuevo y radical, pero en términos generales se alinea con los objetivos de la política conservadora desde el New Deal de Roosevelt.
El Congreso delega muchos de los poderes del gobierno a docenas de agencias reguladoras independientes, como la Agencia de Protección Ambiental, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
Estos organismos tienen el poder de hacer cosas como establecer y hacer cumplir estándares de aire limpio, investigar y publicar quejas de los consumidores sobre servicios financieros y realizar elecciones sobre representación sindical.
La legitimidad de estas agencias ha sido atacada durante mucho tiempo por los conservadores, que creen que pasan por alto las legislaturas para promover objetivos de políticas liberales. Los abogados de las administraciones Reagan y Bush desarrollaron la teoría del “ejecutivo unitario”, que afirmaba el derecho del presidente a despedir a los funcionarios públicos que no cooperaran y cuestionaba la constitucionalidad de las agencias gubernamentales independientes.
Hacia el final de su presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva para crear el Anexo F, que reclasificaría a decenas de miles de funcionarios públicos de carrera como designados políticos, despojándolos de su protección laboral. Biden rescindió la orden a los pocos días de asumir la presidencia, pero los aliados de Trump ahora la ven como la clave para tomar finalmente el control del estado administrativo.
Su objetivo declarado es destituir a los servidores públicos que probablemente obstruyan la agenda de Trump y reemplazarlos con personas comprometidas con ella. En teoría, esto aumentaría el poder del presidente.
Sin embargo, el efecto a largo plazo de inundar la administración pública con miles de funcionarios políticos hostiles al gobierno sería reducir la capacidad de todo el gobierno, independientemente del presidente. La calidad de los servicios gubernamentales se degradaría y la confianza pública en el gobierno se erosionaría aún más.
No a todos los conservadores les gusta este plan. Algunos advierten que esto devolvería a Estados Unidos al “sistema de despojos” que existía antes de la administración pública neutral, donde los empleos en el sector público eran recompensas que se repartían entre los partidarios políticos. Pero el predominio conservador ahora pertenece a aquellos que mejor pueden alinear sus ideologías con los agravios de Trump.
El control sigue siendo una ilusión
El grupo de expertos conservador y activista Heritage Foundation se jacta de que “la izquierda tiene razón al temer nuestro plan para destripar la burocracia federal”. El despido masivo de enemigos políticos encaja bien con el enfoque de Trump en la “retribución”. Pero Heritage y otras organizaciones están vendiendo una ilusión que probablemente dejará frustrado a Trump o a cualquier otro presidente.
Es fácil culpar a los burócratas intrigantes y a los “traidores” de la administración por los fracasos del primer mandato de Trump. La realidad es que todos los presidentes recientes han enfrentado el mismo problema intratable: es cada vez más difícil lograr que cualquier legislación importante sea aprobada en un Congreso polarizado. Es la falta de legislación lo que obliga a los presidentes a depender de órdenes ejecutivas inherentemente endebles.
Trump también tenía el problema de que mucho de lo que quería era ilegal. Si bien sus aliados ahora están buscando abogados de la administración que “estén dispuestos a utilizar teorías que más abogados del establishment rechazarían”, Trump también necesitaría la cooperación de los jueces para implementar planes como un “fuerte examen ideológico” de los inmigrantes.
Los cientos de jueces que Trump nombró para los tribunales federales, incluidos tres magistrados de la Corte Suprema, ciertamente han facilitado la aplicación de una agenda política conservadora. Pero no ayudarían a Trump en lo que respecta al tema que más le importaba: anular los resultados de las elecciones de 2020.
Trump puede descubrir que los nombramientos vitalicios de su primer mandato han creado un nuevo establishment legal conservador que puede ayudar a sus aliados pero que está en desacuerdo con sus ambiciones personales.
Varios biógrafos de Trump han sugerido que nunca estará satisfecho con ningún nivel de poder o prestigio. Es poco probable que obtenga lo que quiere de un segundo mandato en la Casa Blanca. Pero muchos otros lo verán como una gran oportunidad para ajustar cuentas de larga data.
*Escrito por David Smith, profesor asociado en Políticas Americanas y extranjeras del US Studies Centre, de la Universidad de Sidney, Australia
*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.