En días recientes se publicaron tres nuevos concursos para la modernización de líneas y subestaciones de transmisión eléctrica en el norte del país.
Los proyectos —ubicados en Chihuahua, Baja California y Tamaulipas— representan una señal alentadora para un sistema eléctrico que durante años ha enfrentado rezagos en inversión, confiabilidad y capacidad.
Más allá de su localización, hay un elemento técnico relevante: en los tres casos se incorpora un STATCOM (Static Synchronous Compensator), tecnología clave para la estabilidad del sistema, el control de voltaje y la atención de cargas industriales cada vez más exigentes.
Que estos proyectos incluyan este tipo de soluciones habla de una mayor madurez técnica en el diseño de la red de transmisión.
Hasta aquí, la noticia es positiva.
Sin embargo, estos anuncios también abren una pregunta de fondo: ¿servirán estos proyectos para fortalecer realmente la industria nacional, o el “Hecho en México” seguirá siendo un concepto atractivo en el discurso, pero marginal en la toma de decisiones? Durante los últimos años, muchas de las decisiones en infraestructura eléctrica respondieron a una lógica heredada de la administración pasada, en la que el contenido nacional tuvo un peso limitado frente a soluciones completamente importadas.
El resultado fue una modernización parcial de la red, pero sin el desarrollo paralelo de capacidades industriales y tecnológicas en el país. Hoy el contexto es distinto.
La nueva etapa abre una oportunidad para corregir esa inercia y alinear los proyectos estratégicos con una visión más amplia de desarrollo industrial.
En ese sentido, el Plan México, impulsado como política empresarial nacional, plantea con claridad la necesidad de fortalecer cadenas productivas locales, generar empleo calificado y reducir dependencias externas en sectores estratégicos. El caso de los STATCOM es ilustrativo. Se trata de sistemas complejos, intensivos en ingeniería, electrónica de potencia, manufactura y pruebas.
Justamente el tipo de tecnología que puede convertirse en un ancla para el desarrollo industrial.
Sin embargo, en la práctica, muchos oferentes internacionales importan prácticamente el 100 % de sus equipos desde Asia, dejando en México solo actividades de instalación y comisionamiento.
Esto contrasta con los esfuerzos que desde hace años ha venido impulsando la industria eléctrica nacional, particularmente a través de organismos como CANAME, que ha promovido activamente el Grupo de Integración Nacional (GIN) como un mecanismo para elevar el contenido local, la transferencia tecnológica y la competitividad del sector. El debate no es menor.
En un entorno marcado por el TMEC, fortalecer la manufactura y la ingeniería en México no solo es una decisión económica, sino también estratégica. Reducir la dependencia de insumos provenientes de Oriente, especialmente de China, fortalece a Norteamérica como región, mejora la seguridad de suministro y posiciona mejor a México frente a sus dos socios comerciales. La capacidad existe.
Hoy es técnicamente viable que proyectos de esta naturaleza alcancen niveles de contenido nacional superiores al 50 por ciento, algo que pocas industrias pueden ofrecer.
La pregunta es si esa capacidad será considerada como un factor relevante en los procesos de evaluación o si, una vez más, el criterio se limitará al costo inmediato, sacrificando el desarrollo de largo plazo. Estos tres proyectos tienen el potencial de ser algo más que obras de transmisión.
Pueden convertirse en una señal clara sobre el rumbo que se quiere tomar: uno en el que el “Hecho en México” tenga peso real en las decisiones, o uno en el que siga siendo una etiqueta decorativa. La pregunta queda abierta. Pero no por mucho tiempo.
Los primeros fallos se conocerán los días 21 y 22 de enero. Ahí sabremos si esta es, por fin, una oportunidad real para que el “Hecho en México” pase del discurso a los hechos.