Desde que llegó Donald Trump a su segunda presidencia en enero de este año, el tema migratorio ha sido fuente de conflicto entre México y Estados Unidos debido a la continua amenaza de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes irregulares por parte de Washington. El asunto ha encendido los focos rojos en la Presidencia de la 4T y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la posibilidad de que la medida afecte a los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos.
La semana pasada, el republicano amenazó con mandar a la Guardia Nacional a Chicago y declaró que le “gustaba el olor a las deportaciones en las mañanas” en alusión a un diálogo de la película sobre la Guerra de Vietnam “Apocalipsis Ahora”, en donde un militar dice que le “gusta el olor a Napalm en las mañanas”. En este mismo contexto, la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asesinó a un migrante mexicano cuando los oficiales intentaban detenerlo en un suburbio de Chicago. Ante este hecho, la SRE condenó el acto y solicitó una investigación a fondo.
Desafortunadamente, el margen de negociación del gobierno de Sheinbaum es limitado para influir en la política migratoria de Estados Unidos.
La respuesta ha sido básicamente instruir a los consulados mexicanos en Estados Unidos a proteger los derechos de los connacionales en la medida de lo posible, Sin embargo, la capacidad institucional de la SRE es acotada para poder atender el elevado número de casos debido a la alta concentración de migrantes mexicanos en Estados Unidos.
En términos generales, la política migratoria de la 4T ha sido principalmente para consumo interno. La defensa de los migrantes ante las amenazas de Trump ayuda a generar consenso interno ante la opinión pública mexicana.
Es decir, el discurso soberanista y nacionalista ante Trump fortalece la legitimidad del gobierno en turno y ofrece beneficios políticos a MORENA, que se pueden traducir en votos en las elecciones.
Sin embargo, existe una tendencia natural y sincera por parte de los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) para apoyar a los connacionales en Estados Unidos.
Esa es la esencia del SEM: servir y representar a los mexicanos fuera del país. Sin embargo, el alcance de su misión está limitado por restricciones presupuestales y de personal.
Ante ello, es necesario que el gobierno federal apoye, en los hechos, a la SRE para incrementar sus capacidades para atender a los connacionales. Esa prioridad debe reflejarse en el presupuesto y no solamente en el discurso.
Una deportación masiva de migrantes a México podría generar una crisis de derechos humanos en la región fronteriza.
Ante ello, los tres niveles de gobierno deben estar preparados para enfrentar los retos que este fenómeno implica.
Es necesario que los gobiernos municipales fronterizos se coordinen con las organizaciones civiles que atienden a los migrantes y con los gobiernos estatales y el federal para generar mecanismos de gobernanza en este asunto.
De la misma forma, la administración de Sheinbaum debe coordinarse con las naciones latinoamericanas que también tienen presencia migratoria en Estados Unidos para generar un contrapeso frente a Washington. De esta forma, la capacidad negociadora de México puede aumentar para tener mayor influencia en este asunto.
El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM).