La espada de Damocles pende sobre la cabeza del Comercio Exterior Mexicano ante la incertidumbre de las acciones que pueden o no ocurrir, no solo en los próximos cuatro díassino en los próximos cuatro años. Esto debe representar una alerta para el gobierno de nuestro país, el cual debe implementar acciones y programas muy claros que permitan que situaciones como las que se están viviendo afecten lo menos posible a la economía nacional, la cual depende en gran medida de los ingresos generados por la exportación de bienes.
A pocos días de agotarse el plazo de suspensión que el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica otorgó al Gobierno de México para la implementación del cobro de aranceles, surgen varias preguntas sin respuestas claras, las cuales es importante poner sobre la mesa.
Independientemente de las negociaciones que se lleven, ¿puede el presidente de Estados Unidos, en algún otro momento, volver a presionar a nuestro país imponiendo aranceles? Si la respuesta es afirmativa, entonces surge otra pregunta: ¿Qué medidas está tomando el gobierno mexicano para que estas acciones no afecten –o lo hagan en menor medida– la economía nacional, sin tener que aceptar las peticiones de dicho gobierno?O acaso, ¿Nos interesa buscar un socio comercial alternativo a Estados Unidos? Y, si esto es viable, ¿cuánto tiempo llevará su implementación? Además, se necesita saber: ¿Qué afectaciones se tendrán a nivel internacional? Decir que se buscarán otros mercados se expresa de manera fácil, pero la realidad es muy diferente, especialmente si no se cuenta con una ruta clara por parte del Ejecutivo Federal.
Ante la posibilidad de que el gobierno del país vecino imponga aranceles, los empresarios en México necesitan conocer qué medidas se implementarán para mitigar el impacto, ya que no se puede confiar en que aquella amenaza no se materialice o predecir cuándo ocurrirá, o que, en el mejor de los casos, se otorgue nuevamente una prórroga o suspensión temporal. Esto resulta aún más relevante si recordamos el antecedente de 2018, cuando, durante el primer mandato, el presidente Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, y el gobierno mexicano respondió con impuestos de entre el 10% y el 25% a materiales elaborados con acero, carne de cerdo, varios tipos de quesos, manzanas, papas, arándanos y bourbon estadounidense; es decir, se impusieron aranceles a sectores que los grupos republicanos consideraron estratégicos para ejercer presión en su país sin afectar, en la medida de lo posible, a la industria mexicana.
Es de vital importancia tener en cuenta que, si bien en el Plan México se establecen metas ambiciosas que queremos alcanzar, no podemos taparnos los ojos y desconocer el impacto que una medida como la que se viene anunciando puede tener en el comercio exterior, especialmente cuando proviene de un presidente que busca reposicionar a su país a casi cualquier costo.
Recordarle al presidente de aquel país que tal medida impactará en sus ciudadanos no es suficiente y no debe ser la fórmula de negociación o ataque, puesto que ese hecho ya es conocido; además, el actual gobierno cuenta con datos que sus asesores defienden, argumentando que ello no sucederá o, en su caso, que el impacto será menor, sin parecer que tal argumento resulte suficiente para modificar sus planes, aun cuando se trate únicamente de una medida de presión para conseguir otros objetivos.
México no puede demorar y tiene que tomar medidas en materia de comercio exterior no solo para el corto plazo, sino también para un futuro inmediato, mediato y a largo plazo, algo que no se refleja de manera adecuada en las políticas y actuaciones que el gobierno federal lleva a cabo actualmente. Para quienes nos dedicamos al tema, se han implementado cambios que, en lugar de facilitar el comercio, han endurecido y obstaculizado las operaciones de las empresas dedicadas a la importación o a la fabricación de bienes para exportación, incrementando sus costos de producción.
Esto, a su vez, guarda una relación poco coherente con el ingreso exponencial de comercializadoras con inversiones de origen asiático, es decir, empresas que no producen bienes ni para el consumo interno ni para la exportación, y que están desplazando a diversos sectores del comercio, cuyo análisis deprecios hacen inviable que sus productos ingresen de forma legal al país, sin que se observe una respuesta real del gobierno federal contra dichas empresas.
Es necesario conocer cuál es la ruta que persigue el Gobierno Federal para los productores nacionales, de modo que puedan tomar las mejores medidas con la previsión necesaria, en cuanto a que actualmente se encuentran en un fuego cruzado entre las posibles medidas que busca implementar el país que es su principal comprador y las medidas de su propio gobierno, quiencada día impone más controles pero sin ajustar los mecanismos destinados a fomentar el comercio exterior; sin que se critique que la autoridad lleve a cabo procesos de fiscalización, toda vez que es su deber y derecho, pero debiendo de recordar que no solo no debe entorpecer el comercio exterior, sino que debe apoyar a los empresarios e industriales legalmente establecidos, quienes no son el enemigo a vencer sino los mejores aliados para que México avance.
El autor es Socio Director del Despacho MFB. Autor del libro “Procedimientos Aduaneros”.
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