Tanto en Estados Unidos como en México, generalmente aceptamos que hay una crisis fronteriza. Diferentes observadores discuten sobre su alcance, cómo evolucionó o a quién echarle la culpa. Sin embargo, la crisis afecta a casi todos en ambos países, ya que los efectos políticos, económicos y sociales se sienten más allá de la línea fronteriza con particular resonancia en un año electoral como el actual.
Un primer elemento al que suele asociarse esta crisis es la referente a los flujos migratorios ilegales que atraviesan el territorio mexicano a fin de llegar a la Unión Americana. Esto tiene a menudo consecuencias trágicas para los migrantes, ya que son extorsionados, abusados e incluso asesinados en el camino y quienes logran cruzar la frontera sufren frecuentemente distintos tipos de explotación, incluida la económica y viven con el temor constante de ser deportados.
El segundo elemento son las actividades de los grupos delincuenciales y del crimen organizado transnacional. El tráfico de fentanilo es el más citado, pero involucra una variedad más amplia de drogas y contrabando, incluyendo cocaína, metanfetaminas y otras sustancias. La trata de personas también alimenta las ganancias de los cárteles y pandillas que buscan diversificar el alcance de sus operaciones. El flujo de dinero y armas hacia el sur desde Estados Unidos es el componente habilitador tanto o más dañino y crítico de estos flujos.
La migración ilegal y el tráfico de drogas son los aspectos más cargados de emoción de la crisis fronteriza en Estados Unidos, y son objeto de constantes desacuerdos en la prensa convencional, las redes sociales e incluso en conversaciones informales. El foco de la ira y la frustración estadounidenses siguen siendo los cárteles, las pandillas, los países de origen del fentanilo como China y los propios inmigrantes. Sin embargo, hay cuestiones más profundas en Estados Unidos que a menudo no reciben un nivel adecuado de debate público.
Los inmigrantes indocumentados, en lugar de ser vistos como víctimas desde una perspectiva de derechos humanos, o como una fuente fundamental de trabajadores, frecuentemente son vistos como criminales o posibles terroristas o espías según su nacionalidad. También se les acusa de no pagar impuestos y de sobrecargar los sistemas de vivienda, educación y atención sanitaria.
Otros aspectos de la crisis fronteriza incluyen cuestiones de regulación comercial, dotación de personal y tiempos de espera en los cruces, así como la corrupción de los funcionarios fronterizos, las disputas por la implementación del tratado TMEC, la gestión de los recursos hídricos y energéticos, entre otros rubros.
Estos son significativos, pero rara vez atraen el nivel de atención de los temas “candentes”. Simplemente no son tan polarizadores como las imágenes de sobredosis por fentanilo o las reacciones públicas ante una gran afluencia de inmigrantes indocumentados a una ciudad. Sin embargo, estas cuestiones en conjunto contribuyen a una sensación más amplia de malestar.
Es una dolorosa realidad que las leyes de inmigración y los procedimientos de implementación de Estados Unidos estén obsoletos e inadecuados. También es una realidad que las fuerzas de seguridad pública mexicanas son mucho menos aptas ahora para enfrentar sistemáticamente a los principales cárteles. Sin embargo, estas son cuestiones de intención política y recursos más que de falta de marcos regulatorios.
Lo más alarmante es el nivel de división política que la crisis fronteriza ha provocado en Estados Unidos. La provisión de recursos para la frontera ha estado directamente relacionada con otras cuestiones de seguridad internacional como el financiamiento para Ucrania, Israel y Taiwán. Esto contribuye a promover una mayor disfunción en el Congreso de Estados Unidos, donde Demócratas y Republicanos se enfrentan entre sí con amargas acusaciones y ataques mutuos. Hay pocos deseos de llegar a acuerdos en un año de elecciones presidenciales.
Algunos Republicanos hablan de una “invasión” de inmigrantes, de terminar el muro fronterizo e incluso de operaciones militares contra los cárteles dentro de México. Por su parte, la administración Biden evita cualquier tipo de confrontación directa con el gobierno mexicano, incluso cuando AMLO ha aprovechado hábilmente esta crisis para promover sus propios objetivos políticos. Con el tiempo, las cuestiones subyacentes tendrán que ser abordadas por ambas partes con más franqueza y en aras de soluciones reales y significativas.
El elemento final y quizás el más controversial de la crisis actual en Estados Unidos es constitucional. La afluencia masiva de migrantes a través de la frontera de Texas a finales de 2023 provocó recientemente disputas jurisdiccionales entre funcionarios estatales y federales, que llevó a la creación de una base militar texana en la frontera.
Esto es parte de un movimiento más amplio para brindar alternativas a los estados para la aplicación de la ley federal de inmigración, en el que los gobernadores republicanos se están uniendo abiertamente para implementar sus propias soluciones. Queda por ver hasta dónde llegarán estos movimientos por los “derechos de los Estados”, lo cual marca un hito en la historia norteamericana.
Estamos en medio de una crisis fronteriza multifacética. Si bien esta situación exige un diálogo genuino dentro y entre ambas naciones, esto es poco probable ni en Estados Unidos ni en México en un año electoral tan cargado políticamente. Cuanto más esperemos, más profundo será el peligro para nuestras relaciones bilaterales e incluso para el funcionamiento de nuestras democracias.
El autor es Doctor por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, consultor, conferencista y experto en política internacional y asuntos globales, actualmente Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.