No podemos decir que este gobierno ha sido el artífice de los cambios en la legislación laboral, pero sí ha sido un gran impulsor de estos. Cada año de este sexenio hemos tenido una reforma o cambio importante que impacta las relaciones de trabajo.
Por eso, en esta columna me gustaría platicar sobre lo que considero, deben de ser los puntos principales que estarán captando la atención de los empleadores en México en 2024.
La reforma a la jornada digna pretende que los trabajadores cuenten con cuando menos dos días de descanso a la semana, lo cual, por una simple matemática, al tener 5 días de trabajo por 8 horas diarias, nos llevaría a una jornada total de 40 horas en turnos diurnos.
De acuerdo con información de la OCDE, México ocupa el lugar número uno en horas trabajadas. Sin embargo, no podemos llevar a cabo una reforma de tal calado, sin antes tener en cuenta diversos escenarios que pueden afectar al país. El 72% del empleo formal en México se encuentra en las Mipymes, quienes representan el 52% de nuestro PIB.
Con esta reforma, es innegable que estarán muy tentadas a pasar a la informalidad, lo que trae como consecuencia que los trabajadores ya no gocen de derechos laborales y de seguridad social, así como una menor recaudación de ISR.
Las cámaras empresariales hicieron notar al gobierno mexicano, que esta reforma tiene que ser estudiada detenidamente para no afectar (tanto) a la industria. La gradualidad ha sido el punto central, tomando como ejemplo los casos de Colombia y Chile quienes también redujeron su jornada.
Otras ideas serían que la ley laboral deje de hacer distinción entre la jornadas diurna, nocturna o mixta para que todas sean de 40 horas o ya no tener jornadas continuas o discontinuas para que los patrones puedan fijar los turnos más apropiados a sus necesidades, particularmente las empresas manufactureras del noreste del país, donde se trabaja 24/7.
También cobró relevancia la propuesta para duplicar el monto que se paga de aguinaldo, para pasar de 15 a 30 días de salario. Esto sin duda tendría un impacto muy fuerte sobre las empresas, ya que además del pago adicional, también se aumentarían las cuotas obrero-patronales a las instituciones de seguridad social, donde el aguinaldo es uno de sus principales integradores.
Tendremos dos días adicionales a los ya días festivos comúnmente otorgados, el domingo 2 de junio cuando elijamos a nuestro nuevo o nueva titular del poder ejecutivo y el martes 1 de octubre con su entrada en funciones.
Ambos debieran de ser descansados, sin embargo, en los casos en que se deba de laborar, a la persona trabajadora se le debe de otorgar tiempo suficiente para sufragar su voto.
Y así tenemos varias reformas, como la ley silla, que obliga a los patrones a otorgar asientos en sectores de servicios y comercio; el aumento en la prima de antigüedad para pasar de 12 a 15 días por año laborado, reducir a solo 3 años su pago en caso de renuncia voluntaria o eliminar su tope de dos veces el salario mínimo por el pago con salario base del trabajador; o la obligación de tener un porcentaje mínimo de personal con condiciones de vulnerabilidad, como personas con discapacidad o de la tercera edad, miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otras, con el fin de fomentar la inclusión; o la licencia de paternidad, para pasar de 5 a 20 días laborales.
No quisiera terminar, sin antes mencionar sucesos que no serán reformas laborales, que tendrán un alto impacto en las empresas. Ya existen dos resoluciones que declaran inconstitucional el tope de tres meses en el pago de la PTU.
En caso de que nuestros tribunales colegiados resuelvan cinco asuntos en el mismo sentido, se sentará jurisprudencia de cumplimiento obligatorio, por lo que los patrones tendrán que repartir el 10% de PTU, sin tope legal alguno.
Esto tendrá un impacto muy fuerte sobre las finanzas de las empresas y será un motivador de conflictos colectivos. En caso de ser así, esperemos que la Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades fije nuevos porcentajes o topes, al estar autorizada por la Constitución para ello.
Otro tema relevante será el vencimiento de las autorizaciones en el REPSE. Recibir u otorgar servicios especializados sin autorización, pudiera traer multas de hasta más de cinco millones de pesos y en el caso de receptores de servicios, el no poder hacer deducible el gasto pagado por dichos servicios.
Por último, seguiremos viviendo las nuevas formas de negociación colectiva, teniendo como principal amenaza, el inicio de un Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC. Antes del 2023, se habían llevado 6 procedimientos. Solo en 2023, se llevaron a cabo 13 procedimientos. Los sindicatos, trabajadores y activistas han visto en este procedimiento un método muy efectivo para hacer cumplir los derechos de libre asociación y negociación efectiva de contratos colectivos de trabajo.
El 2024 seguirá siendo un año muy dinámico en materia laboral, por eso, los patrones deben de ya tener un plan o ruta para la implementación de estos grandes cambios.
El autor es Asesor Laboral en Index Nuevo León.