La respuesta corta es un contundente NO, pero lo que SÍ se ocupa, es dejar de gastar en obras inútiles y deficitarias que serán una carga adicional al presupuesto público, al operar deficitariamente y requerir cuantiosos subsidios para evitar su cierre.
La irresponsabilidad del Ejecutivo Federal en aferrarse a construir un trenecito en el sureste del País, sin un solo estudio de factibilidad económico social, causando un enorme daño ecológico, donde ya lleva gastados casi medio millón de millones de pesos, y que ahora, para garantizar su operación deficitaria, le “etiqueta” un fideicomiso que generará más de $24 mil millones de pesos al año, de recursos que ya no se aplicarán al Instituto Nacional de Migración ni a proyectos turísticos, para garantizar la operación y mantener en funcionamiento de este mamut blanco llamado Tren Maya.
Literalmente, esto es abrir un pozo para tapar otro, sin que nadie le diga al Presidente que esta decisión es pésima e irresponsable, so pena de perder la chamba.
Riñe con la justicia, que el presidente en turno pueda tomar decisiones ejecutivas que impongan al País una monumental pérdida de dinero, sin que se le pueda enjuiciar y hacerlo responsable de estos desfalcos, como fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y que además se apropien del dinero que (producto de créditos) estaba fideicomitido para invertirlo en la construcción, y pueda retirarse sin responsabilidad legal alguna, y quede impune este inmenso despilfarro.
Una cosa es que tenga la responsabilidad y las atribuciones legales para administrar los recursos económicos del Gobierno Federal, y otra muy diferente que al no tener contrapeso efectivo en la Cámara de Diputados, decida libremente cuanto y en qué gastar el presupuesto público, sin que nadie se atreva a contradecirlo, despilfarrando a diestra y siniestra no solo los escasos recursos propios, sino que adicionalmente se le autorice a contratar cualquier cantidad de deuda, para gastar libremente a su antojo.
Sin duda alguna, se ocupa una reforma legal que prevea estas situaciones y pueda poner un freno y un límite a estos excesos presupuestales que dejan una hacienda pública afectada y deteriorada, que incluya también responsabilidades legales.
Para dar una idea de los excesos en el gasto en los que ha incurrido la presente administración, en 2018, durante el último año de gobierno de la pasada administración, del Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobaron los Diputados, por $5.3 Billones de pesos, solo quinientos mil millones de pesos (el 9.4% del gasto total) se pagó con ingresos por financiamientos (deuda) mientras que en el PEF turnado para 2024, de $9.1 Billones de pesos, casi $2 billones de pesos, el 22% del gasto total, serán pagados con deuda pública, lo que pone en evidencia que este gobierno estará gastando el próximo año, $2 Billones de pesos que NO TIENE, para pagar el PEF, y que habrá aumentado en CUATRO VECES el gasto neto presupuestal sin respaldo en ingresos propios.
Así, no hay ingreso que alcance, y lo que verdaderamente se ocupa, en materia de finanzas públicas, es que se dejen de gastar de manera irresponsable, tirando el dinero a la calle, y se reduzca el descomunal déficit que se prevé para 2024, que si bien lo establecen en 5.4% del PIB, la deuda que solicitan se les apruebe llega a los $2.5 Billones de pesos, equivalentes al 7.3% del PIB, cuando el estándar internacional máximo es de solo 3.0% del PIB.
Es decir, tendrían $655 mil millones de pesos ADICIONALES a los que se requieren para pagar el PEF, para gastar a su antojo, sin etiqueta alguna, de manera totalmente ilegal.
Es el ejercicio irresponsable del gasto, el que está empantanando a las finanzas públicas, con un endeudamiento excesivo, y no el insuficiente ingreso.
Todo padre de familia quiere lo mejor para sus hijos, darles educación y servicio médico privado, una vivienda confortable, buen equipo de transporte, etc., sin embargo, tiene una restricción presupuestal, y necesariamente debe ajustar su gasto a lo que gana, aunque ocasionalmente puede pedir algo prestado, pero acudir al crédito de manera permanente y creciente para artificialmente darle a sus hijos bienes y servicios que no puede pagar, es irresponsable, y lo llevará a la insolvencia, y eso es precisamente lo que está haciendo esta administración, gastando cinco veces más lo que no se tiene, y peor aún, en proyectos inútiles y deficitarios que ocupan más dinero para subsistir.
Finalmente, vuelvo a comentar que el cociente de ingresos tributarios a PIB que se tiene en México, que ya es moda decir que es muy bajo, lo que realmente refleja es el bajo ingreso gravable de los contribuyentes mexicanos, ya que pagamos el ISR en base a una tarifa progresiva, no en una tasa fija, como las personas morales, y si pago poco, es porque gano poco.
Si a un obrero en la construcción le digo que paga un ISR muy bajo, de solo un 10% de su salario, mientras que el gerente paga casi el 35%, el obrero me contestará que con gusto pagaría el 35% de su sueldo, pero que le pague el mismo salario que gana el gerente.
Lo que se ocupa, entonces, no es una reforma impositiva, sino mejorar la productividad y los salarios de los trabajadores mexicanos, y que las empresas tengan más utilidades.
Curiosamente, si revisamos la carga fiscal solo a nivel de Gobierno Federal, sin incluir las contribuciones pagadas a los demás órdenes de gobierno, México tiene una carga fiscal superior al promedio de la OCDE, por lo que, en todo caso, lo que se ocupa es transferir a los gobiernos locales potestades tributarias actualmente federales, ya que la recaudación en México descansa en más del 90% en impuestos federales.
