El derecho y la economía regulan la conducta de los seres humanos que cohabitamos en sociedad y competimos por la asignación de los recursos escasos. En este sentido, las empresas deben tener claras las implicaciones de la competencia.
La economía es una ciencia que estudia la modalidad en que tomamos decisiones sobre qué, cómo y para quién producir satisfactores, siempre considerando que los recursos son limitados, por lo que la eficiencia marca la pauta. Por su parte, el derecho, como rama del conocimiento, estudia el conjunto de reglas que imponen obligaciones o que conceden derechos en una comunidad.
Actuando de manera armónica, tanto el derecho como la economía sistematizan nuestra conducta en comunidad.
Se ha documentado evidencia de diversos estudios científicos que permiten suponer que las personas no somos precisamente racionales y que nuestra fuerza de voluntad está limitada por el contexto. Contrario a los supuestos de la ciencia económica, los humanos no siempre elegimos según la maximización de nuestro bienestar.
De hecho, las normas legales no siempre empatan con nuestro sistema de creencias personales o valores. Es más común que los seres humanos nos adaptemos a las normas sociales dictadas por la manada, según los incentivos sociales, que al andamiaje jurídico. El comportamiento humano requiere de mayor estudio, como ya lo hace la rama denominada behavioral economics.
Para clarificar el concepto del derecho de la competencia, primero debemos entender su base económica. En este sentido, la competencia se genera mediante un proceso dinámico de rivalidad entre dos o más agentes económicos con el objetivo de incrementar su “pedazo del pastel”. El “pastel” es el mercado relevante y el “pedazo” es la participación de ese mercado que cada participante tiene en un momento determinado.
Es por ello que la concentración de mercado juega un papel muy importante. En primera instancia, y como regla general, entre mayor sea la cantidad de participantes en el mercado, menor es el margen para la colusión en ese mercado, puesto que es menos rentable coordinar la postura entre mayor número de agentes económicos con objetivos empresariales dispares.
Pero además de la medida estrictamente cuantitativa de participantes en el mercado, también es relevante la posición que cada uno de ellos tiene con respecto a los demás.
Cuando los agentes económicos participan en un mercado, movidos por la generación de ganancias o el incremento de su participación de mercado, se toman decisiones que buscan mejorar su participación relativa en el mercado, en detrimento de sus rivales económicos más cercanos. Sin embargo, estas decisiones de negocio pueden implicar el establecimiento de barreras de entrada contra potenciales participantes o hasta competencia desleal, que son conductas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica.
Al procurar un piso parejo para la competencia es que el Estado toma acciones en materia económica, buscando que su intervención tenga más beneficios que perjuicios.
En general, la competencia económica consiente crear beneficios para ambos, los consumidores y los productores, entendiendo a la sociedad como la suma de ambos. Las legislaciones de competencia alrededor del mundo intentan mejorar las condiciones materiales y económicas de sus ciudadanos, permitiendo que se aumente la producción de bienes y servicios, se generen más empleos y se tenga un mercado ágil y dinámico que se transforme constantemente para lograr su cometido.
En la medida en que las empresas tengan claros los fundamentos e implicaciones del derecho de la competencia económica, tendrán mejores herramientas para discernir estrategias que sean exitosas y, como la mano invisible de Adam Smith, la sociedad sea beneficiada.
El autor es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Doctor en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas y Maestro en Derecho Norteamericano por Washington University. Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey y Licenciado en Derecho