Es bien significativo que el Congreso de la Unión –diputaciones y senadurías– sea de las instituciones con menos confianza ciudadana en el país de acuerdo con Informe País en sus ediciones 2014 y 2020. Y esto se replica en Nuevo León.
Los poderes de la nación son tres precisamente para equilibrar la balanza y contrarrestar los abusos. En términos bien generales, el Ejecutivo es el que hace las cosas, el Legislativo el que determina cómo hacerlas a través de las leyes y el Judicial interpreta estas leyes cuidando que no se violen derechos, así como que las instituciones públicas cumplan con las obligaciones jurídicas.
Las leyes son la base para organizar el desempeño de las instituciones públicas, las relaciones civiles, comerciales, laborales y el sistema penal, entre otros. Así que el manual de operaciones del país lo trabaja el Poder Legislativo y en teoría lo hace atendiendo la voluntad popular.
Tanto el Legislativo como el Ejecutivo provienen de la voluntad popular, del voto emitido en la jornada electoral. Cada congresista se convierte en autoridad porque la gente lo elige para que en su nombre diseñe el sistema de convivencia social.
Por lo tanto, son autoridades para gobernar en equilibrio y en atención a la voluntad popular e implementarlo de manera organizada y cuidando de no cometer injusticias –violar derechos humanos, por ejemplo–.
Entre muchas, el Legislativo tiene como facultad controla r y supervisar al Poder Ejecutivo y el presupuesto nacional o estatal. Por su parte, el Ejecutivo puede vetar algunas decisiones legislativas y se requiere de su disposición al diálogo para las decisiones que en conjunto se toman, como la propuesta y designación de autoridades especializadas.
Esta buena relación es vital para no estancar la dinámica nacional/estatal en el tema que se trate. Mientras a nivel federal vemos un Poder Legislativo completamente sometido al Ejecutivo, en Nuevo León se vive el antagonismo entre ambos.
Esta desafortunada situación entre el gobernador y el Congreso de Nuevo León con mayoría PAN – PRI tiene al estado entrampado en una guerra de pírrica donde es más importante ganarle al otro, aunque en el camino se pierda lo importante.
Con el mismo presupuesto del 2022 está funcionando el estado, se han jineteado los fondos municipales, no se ha designado al fiscal general. El transporte público ni funciona ni se actúa para resolverlo y cualquiera de los poderes tiene facultades para hacerlo ¡Claro, en coordinación!
Ambos pierden credibilidad y más el Poder Legislativo porque es una masa de rostros difusos a la que resulta fácil echarle la culpa en cualquier entrevista de banqueta.
