En mayo pasado, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados nos otorgó a mi persona y mis coautores Andrea Caputi, Gabriela Suárez y José Valdez, el Primer Lugar en el concurso de investigación Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
El presente artículo sintetiza los resultados de la investigación que presentamos, misma que versa sobre una estimación temprana del impacto de la Ley de Disciplina Financiera de los estados de México. El texto completo puede consultarse en la siguiente página https://cefp.gob.mx/cefpnew/pnfp.php.
Entre 2005 y 2016 la deuda per cápita real de al menos cinco estados mexicanos creció entre 3 y 6 veces. Para evitar un rescate a las finanzas públicas estatales como el de 1995, se promulgaron diversas disposiciones legales en 2015 y 2016.
La más importante es la Ley de Disciplina Fiscal que establece un sistema de alertas de los niveles de endeudamiento de las entidades federativas con base en tres indicadores: deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición de los estados, el servicio de la deuda estatal sobre estos ingresos y las obligaciones a corto plazo, proveedores y contratistas. Estos indicadores cubren los rubros de sostenibilidad, capacidad de pago y disponibilidad financiera de las entidades.
El conjunto de ellos genera la medición y clasificación de los niveles de endeudamiento de las entidades como sostenible (verde), en observación (amarillo) o en riesgo (rojo) y con base en ello se establecen los techos de financiamiento neto estipulados en la ley. Es decir, una entidad en verde puede contratar más deuda, sin rebasar los techos, mientras que una en rojo ya no lo puede hacer.
¿Fue efectiva la ley de disciplina financiera para desactivar una potencial crisis de la deuda subnacional? Precisamente, esa fue la pregunta que motivó nuestro trabajo de investigación. Para abordarlo empleamos el método de diferencias en diferencias, uno de los diseños cuasi experimentales más utilizados en la ciencia.
En esta metodología hay una intervención, denominada experimento natural, que ocurre y asigna a los sujetos en dos condiciones, tratados, es decir que son afectados por la intervención, y no tratados, el resto de los sujetos, mismos que nos servirán como grupo de control.
En nuestro trabajo, la promulgación de la ley es la intervención, el grupo de control son los estados con menor riesgo crediticio en 2015 de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, y el de tratamiento aquellos con calificaciones más riesgosas.
La idea es que las disposiciones de la ley afectan principalmente a los estados peor calificados, de forma que los que ya tienen calificaciones muy buenas en términos de riesgo no son tratados por estas disposiciones.
El análisis consiste en detectar si las diferencias en los indicadores del peso de la deuda de los estados de los grupos de tratamiento y control disminuye con la aplicación de la ley.
Aplicando este método, encontramos que la Ley de Disciplina Financiera de los Estados ha permitido reducir la deuda estatal por cada habitante (pesos del 2018) en 500 pesos, 15 puntos porcentuales sobre los ingresos de libre disposición o medio punto porcentual del producto interno bruto estatal.
Por otra parte, la ley redujo la prima de riesgo implícita en las tasas de interés de la deuda subnacional en 25 puntos base.
La reducción en la presión financiera de la deuda nacional se logró, por otra parte, sin incrementar significativamente los impuestos y derechos estatales ni disminuir la inversión pública.
El estudio sugiere que la ley ha tenido algún éxito temprano para garantizar la sostenibilidad fiscal de la deuda de los estados y municipios en poco tiempo. También nos muestra que diseñar buenas reglas o instituciones producen ganancias a la sociedad.
El mejoramiento del entramado institucional es una actividad crítica para el progreso del país, el desmantelamiento de las reglas que sí funcionan sería un paso hacia atrás.