América Latina enfrenta una ola de violencia cada vez más profunda. Países como México, Ecuador, Honduras, Colombia y Venezuela se ubican como los más violentos en el continente. Es noticia de todos los días los reportes de homicidios, secuestros, desaparecidos y demás víctimas objeto del número creciente de delitos.
La violencia se repite en todos los niveles y estratos sociales. Desde asesinatos de candidatos presidenciales como el reciente crimen perpetrado contra Fernando Villavicencio a sólo 10 días de las elecciones en Ecuador, así como las muertes de dirigentes de partidos políticos, alcaldes y funcionarios gubernamentales en este mismo país. La incidencia de homicidios en general es un claro indicador del deterioro de la seguridad, en este rubro México encabeza la lista mundial.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) señalan que México supera incluso a Ucrania, pese a la guerra que sufre este país, en cuanto a asesinatos de periodistas con lo que, por cuarto año consecutivo se posiciona como el país más peligroso y el que suma el mayor número se reporteros asesinados. Si bien las cifras varían, el registro reconoce alrededor de 600 ataque a comunicadores y profesionales de medios de los cuales más de 40 ha muerto en lo que va de la administración de la 4T pues solo en el 2022 RSF reportó el asesinato de 11 periodistas.
Esta ola de violencia también golpea fuertemente a la sociedad en general quien vive continuamente desde desapariciones y homicidios dolosos hasta extorciones, secuestros, amenazas, pago de piso, asaltos a casa habitación, asaltos en la vía pública y otras formas de criminalidad.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que estamos en una nueva era de conflictos y violencia. Reconoce que en la actualidad los conflictos bélicos entre países son menos mortíferos no obstante los homicidios son cada vez más frecuentes en algunas partes del mundo particularmente América Latina encabezando la lista seguido por África al tiempo que los ataques por razón de género aumenta exponencialmente.
La ONU Señala que el número absoluto de muertes en guerra ha disminuido en los últimos 70 años sin embargo los conflictos al interior de los estados y la violencia va en aumento particularmente entre actores no estatales como grupos radicales, terroristas, milicias, bandas delincuenciales, pandillas, grupos delictivos en los que destacan los vinculados al tráfico de drogas, armas y trata de personas, entre otros.
Esta violencia se ve agravada por la corrupción en todos los órdenes de gobierno y el progresivo desmoronamiento del Estado de derecho, así como la ausencia de instituciones estatales efectivas. Hoy la delincuencia causa más muertes que los conflictos armados entre Estados.
La respuesta estatal en América Latina frente a esta ola de violencia es muy diversa. En un extremo tenemos el Plan Control Territorial, también llamado régimen de excepción establecido por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Su modelo de seguridad ha acorralado a grupos criminales, particularmente las Mara Salvatrucha y otras bandas criminales que tenían asolada a la sociedad salvadoreña cuyo impacto se extiende en la región centroamericana e incluso hasta México.
El modelo de seguridad implementado en El Salvador contempla una guerra sin cuartel contra las pandillas, centros de confinamiento, una mega cárcel, puntos de revisión en las carreteras con tanquetas, recorridos sistemáticos de la Policía Nacional, arrestos, juicios masivos, exhibición de los detenidos vía videos gubernamentales y otras medidas que han dado por resultado que, de acuerdo a las cifras oficiales, El Salvador haya pasado de ser uno de los países más inseguros del continente a estar hoy en la posición uno en seguridad.
Este modelo ha sido aplaudido por varios sectores de la sociedad y ha contagiado a otros países como Honduras en donde la presidente Xiomara Castro recién impulsó un programa similar contra las pandillas que azotan a su país. Ecuador por su parte también decretó recientemente estado de excepción.
En el otro lado de la balanza, el modelo de Bukele ha sido objeto de profundos cuestionamientos y críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos ya que consideran que este modelo de seguridad es un retroceso de las garantías individuales, las libertades, y el Estado de derecho. Lo cierto es que la estrategia de Bukele ha reducido el número de homicidios. En el 2015 el país alcanzó los 106 muertos por cada 100,000 habitantes y en mayo del 2023 el presidente publicó en su cuenta de Twitter que se habían completado 365 días con cero homicidios.
Frente a esta estrategia salvadoreña de mano dura tenemos la filosofía de “abrazos no balazos” presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia y el crimen organizado. Del 2019 que inició el sexenio de la 4T al último registro oficial del primer trimestre del 2023 ya sumaban más de 156,000 homicidios superando esta administración a todas las anteriores. Estos datos son una clara muestra que su estrategia no ha procurado la paz y seguridad que la sociedad mexicana demanda.
El debate está en la mesa: ¿mano dura con Estado de excepción o “abrazos y no balazos”? También podríamos incorporar la vía del absoluto respecto al Estado de Derecho y las garantías, sin embargo, hoy la sociedad sigue padeciendo la violencia en todas sus formas, llorando a sus muertos y demandando el esclarecimiento de muchos casos como el de Lagos de Morelos, Jalisco.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.