Partiendo de que México y Estados Unidos son países y economías sustancialmente diferentes, podemos reconocer que sus andamiajes jurídicos les permiten a ambos utilizar mecanismos de protección comercial como los aranceles, cupos y medidas anti-dumping.
Estos mecanismos pueden tener una justificación de eficiencia o pueden simplemente restringir el libre comercio y la libre competencia. Por ello, es recomendable que la política comercial de ambos países considere un enfoque transversal de competencia económica para maximizar el beneficio que el comercio y la competencia le pueden brindar a la sociedad.
De esta forma, se aseguraría que el bienestar de los consumidores y la eficiencia en el mercado se tomen en cuenta al momento de implementar políticas públicas en ambos países.
Ya planteaba en mi libro “Competencia económica y comercio internacional”, Rubén Leal Buenfil (2021), que, aunque el T-MEC reconoce la soberanía de cada país para establecer leyes y mecanismos de protección contra las prácticas anticompetitivas, también le permite a cada país aplicar su legislación interna de competencia a conductas realizadas en otro país, siempre que se pueda determinar un vínculo de jurisdicción sobre la conducta o sobre quien la realiza.
En este sentido, se debería limitar al mínimo las excepciones invocables en los tratados comerciales para restringir la aplicación de la legislación doméstica de competencia económica.
Para el caso de Estados Unidos, se recomienda revisar el proteccionismo a la agricultura, pues cualquier liberalización traería mejoras de eficiencia global en favor de sus propios ciudadanos y contribuyentes.
Estados Unidos mantiene políticas proteccionistas de la agricultura local disfrazadas de medidas técnicas de protección a la salud o al medio ambiente. Amparados en lo que los legisladores norteamericanos consideran como prioridades nacionales, han entregado subsidios a los agricultores estadounidenses con dinero de los contribuyentes de ese país. De esta forma han protegido a sus productores nacionales de los productos extranjeros, mediante mecanismos de contención de las importaciones utilizando normas técnicas y reclamos de índole medioambiental y de salubridad.
Por su parte, México tiene reservado tanto en su Carta Magna como en el capítulo 8 del T-MEC, el derecho de aislar de la competencia ciertas actividades económicas relativas a los combustibles fósiles. Ello permite generar un monopolio legal en ciertos sectores económicos que nos impiden alcanzar eficiencias de mercado al no tener presiones competitivas, domésticas ni de comercio internacional. Adicionalmente, esto permite que estas actividades económicas sean más vulnerables a actividades ligadas con la corrupción, considerando la debilidad institucional que impera en México (Aguirre y Gómez, 2021).
Se requieren criterios objetivos y consistentes en ambos lados de la frontera para dar certidumbre a la actividad económica. Por ello, es necesario instruir la coordinación entre las autoridades de competencia de ambos países y sus instituciones judiciales, para transitar hacia la eventual homologación de criterios en la aplicación de la “regla de la razón”.
Esta homologación permitiría dar certeza jurídica a las inversiones y a los planes de negocios entre ambos países, y fomentar un mercado norteamericano más integrado y consistente. Además, la unificación de criterios en Estados Unidos y en México sobre la forma de evaluar la legalidad de las prácticas comerciales bajo un mismo paradigma técnico permitiría a los agentes económicos realizar decisiones de inversión a largo plazo dentro de la región.
Las reglas comerciales y de competencia pueden converger a un punto de beneficio mutuo para el desarrollo libre y eficiente de los mercados, elevando la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.
El autor es Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Doctor en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas y Maestro en Derecho Norteamericano por Washington University. Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey y Licenciado en Derecho por la UANL.