Desde febrero de 2021, México recuperó el puesto de principal socio comercial de Estados Unidos, como consecuencia de la ruptura en las cadenas globales de suministro con China, provocada por la pandemia del COVID-19. Del total del comercio exterior estadounidense, México tuvo una participación del 15.3 por ciento y China del 13.7 por ciento. Adicionalmente, el comercio exterior total entre México y Estados Unidos llegó a su mayor nivel histórico, con $56,908 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Esta tendencia de llegada de inversiones productivas internacionales se espera siga favoreciendo a nuestro país en los próximos años, debido a una relocalización de empresas que buscan alejarse de China para diversificar los riesgos en su cadena productiva, cuestión que poco o nada tiene que ver con el trabajo o talento de los políticos mexicanos actuales.
Existe una correlación positiva entre el volumen de comercio internacional y la entrada en vigor de legislación de competencia. Por ello, la regulación comercial debería adoptar un enfoque transversal de competencia para maximizar el bienestar social, tanto nacional como regional. Para ello se sugiere homologar criterios administrativos y judiciales en materia de competencia para hacer de Norteamérica una región económica más predecible en términos legales, y que permita que el grueso de la población se beneficie de la llegada de capitales internacionales.
Se requieren criterios objetivos y consistentes en Norteamérica para dar certidumbre a la actividad económica. Por ello, además de la coordinación entre las autoridades de competencia, también se deben coordinar sus instituciones judiciales, para transitar hacia la eventual homologación de criterios en la aplicación de la “regla de la razón” cuando se juzgan conductas anticompetitivas en México y Estados Unidos.
Esto permitiría dar certeza jurídica a las inversiones y a los planes de negocios entre ambos países, y fomentar un mercado norteamericano más integrado y consistente. Además, la homologación de criterios sobre la forma de evaluar la legalidad de las prácticas comerciales bajo un mismo paradigma técnico, permitiría a los agentes económicos realizar decisiones de inversión de largo plazo dentro de la región, favoreciendo un mercado laboral más robusto. Las reglas comerciales y de competencia pueden converger a un punto de beneficio mutuo para el desarrollo libre y eficiente de los mercados.
Particularmente, la Webb-Pomerene Act de Estados Unidos, legaliza las conductas anticompetitivas de las empresas estadounidenses cuando no afecten su territorio, abriendo así la puerta a distorsiones en materia comercial y de competencia en México. Una legislación cuyo propósito original es el de fomentar el sector exportador estadounidense bien puede terminar por tener efectos nocivos sobre sus socios comerciales. En lugar de que esto genere medidas retaliatorias por parte de otros países, lo que lastimarían aún más la eficiencia regional, se deberían de explorar soluciones alternativas que pongan al bienestar social como objetivo prioritario del nearshoring en México.
El autor es Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Doctor en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas y Maestro en Derecho Norteamericano por Washington University. Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey y Licenciado en Derecho por la UANL.