El proceso trasnacional de relocalización de las cadenas de valor (nearshoring) ha derramado ríos de tinta en todo tipo de publicaciones. Sin embargo, todavía existen vetas por explorar y comprender dentro de este complejo entramado socioeconómico. La que deseo explorar es la relación entre la actividad gubernamental de promoción y el proceso de apreciación de las tierras y el deseo de su posesión; para ilustrarlo, el caso de Nuevo León brilla por mucho.
Históricamente, en el norte de México, con el proceso de instalación de capitales transnacionales y la creación de la infraestructura para su funcionamiento (carreteras, acueductos, subestaciones eléctricas, etc.) se le adicionaron una serie de capitales locales de proveeduría de bienes y servicios, fraccionamientos de casas habitación, hospitales y escuelas, rutas de transporte, locales de diversión; por supuesto, esto también trae consigo una solicitud de trabajadores de diversas ramas y flujos de migración creciente. A este proceso se le conoce, teóricamente, como creación de polos de desarrollo y de crecimiento económico.
No obstante, pocas veces se hacen preguntas incómodas sobre estos procesos: ¿de quién eran las tierras para la instalación de esto?, ¿cómo vivían esos pobladores?, ¿de dónde sale el agua, la energía o cómo gestionaban su alimento? En la teoría y en la historia, se busca ocultar muchos datos que resultan realmente alarmantes. Al respecto, es importante señalar que en abril de 2023 el gobierno de Nuevo León anunció públicamente que alcanzó a captar el 72 % del nearshoring que llegó a México, pero más allá de las fanfarrias, existe un fenómeno paralelo que está ligado: el despojo.
De forma paralela a la estrategia de atracción de inversiones, se han desatado una serie de ocupaciones de tierra por parte de diversos actores despojando a las personas que han vivido durante años ahí. Diversos medios de comunicación locales han estado reportando sobre este fenómeno y la engorrosa burocracia jurídica para poder obtener resoluciones de las autoridades que les restituyan sus tierras; sin embargo, el panorama no es halagüeño, dado que en la gran cantidad de casos no existe justicia, las notas señalan que, aunque las personas son capaces de demostrar sus títulos de propiedad, los funcionarios municipales y los jueces han terminado por legitimar los procesos de despojo.
Dentro de la lógica de este robo, existen patrones identificables, entre ellos: que son lugares geográficos en las cercanías del área metropolitana; que existe un proceso de especulación; que son verificables las amenazas constantes hacia las personas que residen ahí y que las afectadas son en su mayoría mujeres mayores o familias de bajos recursos.
Al respecto, el geógrafo británico David Harvey ha datado, además, que este es un proceso continuo existente alrededor del mundo y lo ha llamado acumulación por despojo; en otras palabras, dentro del sistema económico en el que vivimos, el despojo es una actividad necesaria para poder ampliar los capitales existentes y la creación de nuevas inversiones.
En otras palabras, el despojo de tierras no es una anormalidad para el desarrollo económico. La relación que tenemos que hacer es que el nearshoring –y toda la Inversión Extranjera Directa– que llega a Nuevo León requiere una serie de elementos básicos como tierra, agua y energía, por lo que los inversionistas necesitan tener acceso a estos elementos.
No solo eso, sino que, por la ley de la oferta y la demanda, en el caso de la tierra existe un proceso de apreciación y, dentro de la mentalidad del lucro, se convierte en urgencia su posesión y control. Sin embargo, en la realidad no son territorios vacíos, sino que comunidades viven ahí desde mucho tiempo atrás, por ello, la estrategia del despojo se instala como una práctica regular.
Finalmente, el despojo de tierras es un mecanismo que necesita, para existir y mantenerse a lo largo del tiempo, involucrar a actores de diversos niveles y poderes –como el judicial y el ejecutivo–. Así pues, en Nuevo León, entre mayor inversión exista mayor despojo habrá dado que son contracaras de la misma moneda.
El autor es doctor en Economía Política del Desarrollo y profesor de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Monterrey.