A inicios del mes de febrero la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario (SEDRA) del gobierno de Nuevo León ha anunciado, con bombo y platillo, el inicio de un experimento de siembra de los llamados frutos rojos o berries dentro de la región sur del estado. Esto resulta alarmante dados los resultados que ha tenido dicha producción en otros estados del país como Jalisco y Michoacán. No solo existen notas periodísticas que denuncian la desecación de cuencas en donde se instalan estos proyectos productivos, sino que, investigaciones científicas han demostrado las grandes afectaciones a raíz de la instalación esta agroindustria.
Cuando uno viaja por los actuales paraísos de las berries dentro del occidente de México lo que se encuentra es un paisaje lleno de plásticos y campos desolados donde antes había bosques. Esto no es fortuito, para poder producir estos frutos se requiere una gran inversión en infraestructura que incluye no solo la instalación de agroplásticos, sino de semillas, paquetes tecnológicos basados en agrotóxicos, además de una gran mano de obra. Finalmente, el esquema de esta producción, que está ligada a grandes trasnacionales como Driscoll’s, Dose, Sun Belle, Berries Paradise, compran mediante contrato. En él se establece que toda la producción será adquirida por la empresa siempre y cuando se cumpla con lo requerido, es decir, que se haga exactamente como se les indica: con la infraestructura e insumos que vende la empresa, pagando la asesoría técnica que ofrece la empresa y, por supuesto, que la cantidad, peso y tamaño sea la adecuada solicitada por la empresa.
En esa lógica, los “campesinos que se convierten en agroempresarios” –para referirnos en palabras de la SEDRA–, no solo han terminado con enormes deudas para cubrir todos los requisitos del contrato, sino que ha sido común que las empresas terminan por pagar menos o no pagar argumentando que el fruto no cumple con el estándar requerido. Dejando en quiebra muchas veces a quienes decidieron invertir su patrimonio pues recordemos que el campo mexicano se encuentra grandemente empobrecido. Una de sus repercusiones es pagar a los jornaleros con especie. Es muy común que en época de colecta de las berries, encontremos en las calles de Guadalajara o de Morelia personas vendiendo los frutos.
La otra cara que muestran los estudios son las implicaciones ambientales, en primer lugar, y lo más grave, es la devastación ambiental, pues son grandes monocultivos que precisan destruir bosques, son intensivos en el consumo de agua, y precisan de gran cantidad de insumos cuya base es el petróleo y otros químicos peligrosos para el consumo humano como el bromuro de metilo –sustancia prohibida en tratados internacionales–; los registros de estas siembras demuestran suelos erosionados (degradados) por el uso de agroquímicos.
Resulta paradójico que en Nuevo León que ha vivido –y manejado– de forma injusta e ineficiente la “crisis hídrica”, el gobierno propone experimentar con un cultivo tan dañino para el territorio; además este esfuerzo no está pensado para el consumo local, sino para su exportación. Es decir, llevarse al extranjero elementos como el agua y los nutrientes de la tierra. Claramente, esta iniciativa parte de políticos y empresarios que no entienden la complejidad del campo mexicano y que demuestran que no les interesa el bienestar de las personas.
El autor es doctor en Economía Política del Desarrollo y profesor en la Licenciatura . en Ciencia Política y Gobernanza de la Universidad de Monterrey.