El pasado 31 de Marzo, a tres días de que venciera el plazo, la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso el documento de Pre Criterios de Política Económica para 2024, conforme lo dispone el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se actualizan las proyecciones de las finanzas públicas y las principales variables macro económicas para 2023, y se presentan las primeras estimaciones para 2024, las cuales sirven de base para elaborar el paquete económico 2024 que se debe entregar al Congreso el próximo 8 de Septiembre.
En cuanto a las principales variable macroeconómicas para 2023, la Secretaría de Hacienda deja sin cambio el crecimiento real del PIB, el cual mantiene en 3%, sin embargo, el PIB nominal que estimaban originalmente para 2023, de $31.4 billones de pesos, ahora lo ajustan a la baja a $30.7 billones, (-2.2%) cuando por lo menos hay dos razones por las que debería haber aumentado, primero, porque la inflación para 2023 ahora es mayor, y segundo, porque para el PIB 2022, base del incremento del PIB para 2023, se estimaba un crecimiento del 2.4%, y según el INEGI creció al 3%.
Todo parece indicar que el PIB estimado por Hacienda para 2022 estuvo sobreestimado, así como también su primera proyección del PIB nominal 2023, lo que se puede entender si esto ayuda a mostrar menores cocientes de variables que se determinan como proporción del PIB, como la deuda pública, por ejemplo.
A este respecto, llama la atención que en el propio documento de criterios, de manera explícita se reconoce que la deuda pública federal ha aumentado en 4.7 puntos como proporción del PIB, en los primeros cuatro años de gobierno, cuando la promesa fue de no aumentarla, pero como se argumenta que en gobiernos anteriores la deuda aumentó más, terminan afirmando, en la página 4, que “el menor endeudamiento no redujo el gasto en desarrollo y protección social”.
Dejo a Usted, amable lector, el calificativo para la afirmación anterior.
Siguiendo con los cambios a las demás variables macro económicas, la inflación al consumidor se ajusta a la alza y la aumentan de 3.2% a 5%, la tasa de interés (Cetes a 28 días) pasa de 8.5% a 11.3%, el tipo de cambio lo reduce de $20.6 a $19.3 pesos por dólar y reduce el precio del petróleo de $68.7 a $66.6 dólares por barril, en promedio para 2023, una reducción marginal de solo $1.1 dólar por barril.
Con estos cambios en variables macro económicas, y considerando la evolución de los ingresos en los primeros tres meses del año, en los cuales la recaudación ha estado por abajo de sus proyecciones originales, la Secretaría ajusta los ingresos tributarios y los reduce en $66,928 millones de pesos, reconociendo, de manera explícita, que esta reducción en ingresos tributarios se atribuye, en buena medida, a una “moderación en los resultados al cierre de 2022″ que no es otra cosa más que una “sobreestimación” de ingresos tributarios por más de $200 mil millones de pesos al cierre de 2022, sobreestimación que se trasladó a las proyecciones de ingresos para 2023, y las hace inalcanzables, como ya se preveía.
Es por eso que los gobiernos locales están recibiendo menores participaciones a las estimadas originalmente, que los obliga a ajustar a la baja sus presupuestos de egresos, por una optimista proyección de ingresos tributarios para 2023.
En materia de ingresos petroleros, la estimación original la reducen en $162,807 millones de pesos, un 12.4% de reducción, argumentando menores precios del crudo, sin embargo, como ya se apuntó, el precio del barril solo se ajustó a la baja en $1.1 dólares por barril, equivalentes a un 1.5%, y si consideramos que la plataforma de extracción se mantiene casi igual, y el tipo de cambio con una apreciación del 6%, definitivamente no se sustenta una reducción en ingresos de estas magnitudes.
Habrá que investigar con mayor grado de detalle lo que está detrás de esta reducción en ingreso petroleros presupuestales, que incluyen también los ingresos de Pemex.
Como estiman a la alza los ingresos de los Organismos y Empresas en $60,710 millones de pesos, y los ingresos no tributarios superiores en $37,478 millones de pesos, la reducción neta en ingresos presupuestales la estiman en $131,537 millones de pesos, por lo que proceden a reducir el Gasto Neto total en este mismo monto, para mantener sin cambios el déficit presupuestal y los requerimientos financieros, situación que en la práctica es sumamente difícil de operar, por la consabida inelasticidad a la baja que presenta el gasto público.
Da la impresión que Hacienda optó por el mínimo esfuerzo, calculó el mayor pago de intereses en $21,227 millones de pesos, las menores participaciones a Estados en $23,515, ajustó en $12,000 millones a la baja a las ADEFAS, y el resto simplemente lo pasó a una reducción neta de $117,249 millones en el gasto programable, obviamente sin detalle alguno, para que la reducción en el Gasto Neto total empatara exactamente con el menor ingreso. Bingo!!
Señalo que la reducción en el Gasto Programable de $117,227 millones de pesos debe ser “neta”, porque los Organismos y Empresas, que percibirán mayores ingresos por $60,710 millones de pesos, procederán a gastarlos, por lo que su gasto va a aumentar, lo que necesariamente implica que la reducción en el gasto programable del Gobierno Federal debe ser de $123,297 millones, lo que dificulta más el ajuste.
Con relación a las proyecciones que se presentan para 2024, en un breve resumen, se puede decir que de nuevo, son en excesivo optimistas.
En un entorno macroeconómico casi similar al de este año, inercial, se podría decir, con un crecimiento económico igual, de 3% real y una inflación solo un punto inferior a la estimada para este año, tipo de cambio también muy en línea y solo con una tasa de interés dos puntos menor, estimar que la recaudación tributaria va a crecer en casi 6 puntos en términos reales, sin duda luce optimista.
Por otro lado, se plantea una reducción real en el Gasto Presupuestal para 2024, que exactamente lleve a CERO el déficit presupuestal (sin incluir el gasto en Inversión, al estilo Nuevo León) y que reduzca los requerimientos financieros, en el tradicional año de Hidalgo, lo cual, objetivamente, luce difícil.
Sin embargo, la luz al final del túnel parece apuntar a que en 2024, ya no se habrían de gastar más recursos en las costosas obras insignia de esta administración, que han consumidos una cantidad enorme de recursos públicos, y darían margen al cuantioso y creciente gasto en pensiones, al servicio de la deuda, ya la pensión universal, la cual andaría cercana ya al medio billón de pesos, así como los programas de becas y otros que son de base anual.
Ojalá que sea posible, reducir el cuantioso gasto público federal.
Ah, y les comento que el 30 de Marzo, un día después de publicado mi artículo de la semana pasada, y un día antes de que venciera el plazo para cancelar las cuentas bancarias de los entes de la administración pública federal, se prorrogó hasta el 30 de Junio esta medida.
Bien por la Secretaría de Hacienda, pero deben instrumentar una apertura de nuevas cuentas a la par, que evite inconvenientes.
