Por muchas razones 2023 se presenta como un año en el cual se planteará en buena medida el rumbo de los próximos años. Un factor que contribuye fuertemente a ello es el entrar en la recta final del sexenio actual, que conlleva que no queda ya mucho tiempo para hacer grandes cambios y cualquiera que estuviera planeado muy probablemente tendría que darse este año. Dado que 2024 será un año electoral, se esperaría que la conversación se centre más en las propuestas de los candidatos y lo que nos espera para el siguiente sexenio.
Por otro lado, este año se definirá el curso de acción que tomará Gobierno de México ante las acciones en materia de energía promovidas por Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC, quienes parecen ser el único contrapeso respecto de la política energética mexicana. No menos importante es el asunto de la escasez de capacidad de energía eléctrica para las empresas que quieren instalarse en México o que quieren ampliar sus operaciones. Finalmente, y relacionado con el tema anterior, todo apunta a que el precio de la potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzará su mayor precio histórico, generando así un gran impacto en los costos de las empresas. Entremos en más detalle para estos grandes temas de energía de 2023.
Un tema de mucha relevancia que circuló ampliamente en medios el año pasado es el de las consultas sobre la política energética en México, promovidas por Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC. Este asunto será seguramente uno de los más relevantes en materia energética para este año 2023, debido a que en los meses próximos conoceremos el desenlace.
Nuestros dos vecinos del norte han sido muy enfáticos en su desacuerdo sobre los cambios legales y maniobras administrativas que se han dado en la presente Administración Federal, y han traído a la mesa las afectaciones que han sufrido las empresas de esas naciones.
Es evidente que el Gobierno Federal no puede hacer oídos sordos a estas demandas, incluso pudiera decirse que solamente el gobierno de los Estados Unidos (y en menor medida el de Canadá) pudiera hacerlo reconsiderar. Ha quedado muy claro que en México las exigencias y recomendaciones emanadas de organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado no han sido escuchadas.
La resolución de las consultas plantea entonces una encrucijada entre obstinarse en continuar con el bloqueo de la competencia privada en energía, afrontando así repercusiones arancelarias, o reajustar el rumbo de la política energética permitiendo la competencia justa.
Ha causado gran revuelo la tendencia económica global del nearshoring y las oportunidades que presenta para México. Existe un apetito por parte de empresas globales de comprimir sus cadenas de suministro y ubicarse mucho más cerca del mayor mercado del planeta, Estados Unidos. Uno de los grandes retos que tiene México para poder amarrar muchas de estas inversiones es la capacidad para poder conectarlos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y garantizar la disponibilidad de la energía que requieren.
En muchas zonas del País la capacidad de energía es ya muy escasa, por lo que las empresas interesadas en instalar nuevas plantas o ampliar plantas existentes tienen que decidir entre hacer inversiones mucho más altas que antes para aportar obras de refuerzo al SEN y que éste sea capaz de entregar lo que requieren, o irse a otro lado donde la inversión de la conexión sea más moderada.
Apenas esta semana se dio a conocer información preliminar respecto del precio anual de potencia. La información hasta el momento revela que este precio rompería por mucho el récord histórico y significaría un muy fuerte golpe al bolsillo de muchas empresas.
El objetivo de este precio es ir dando señales al mercado sobre la evolución año con año de la necesidad de instalar generación nueva para atender los requerimientos máximos de demanda.
Lo que resulta más sorprendente de este tema es que apenas el año anterior este precio fue de cero, lo que significaría que la capacidad de generación estaba muy sobrada, pero apenas un año después el precio se dispara a un nivel nunca antes visto, dando así la señal completamente opuesta a la anterior.
Es difícil sacar conclusiones sobre lo que realmente está sucediendo ante la disminuida transparencia en la información y ya negativa completa de las autoridades de aceptar cualquier problema bajo su responsabilidad, pero lo que queda claro es que se requiere mucha más transparencia y atención a los problemas de fondo.
Si lo anterior no fuera suficiente, en este año se irán definiendo los precandidatos a la Presidencia en 2024, y con ello se irá vislumbrando lo que nos espera en cuanto a política energética. Sin duda alguna, los temas anteriormente mencionados llevarán un peso sobre las propuestas que se vayan haciendo, especialmente si los problemas se empiezan a hacer evidentes a la población en general.
A finales de este mismo año tendremos una idea más clara de lo que nos espera en el siguiente sexenio y, si bien no estará ya todo definido, creo que eso permitirá a las empresas tener un mejor nivel de certeza que ahora para la toma de decisiones a mediano plazo en lo relativo a la compra de energía.