Las primeras manifestaciones del sistema impositivo mexicano se encuentran en los registros de los Aztecas, quienes cobraban tributos religiosos, de guerra y de vivienda, los cuales no eran otra cosa sino una versión primitiva de los impuestos actuales.
Durante la época de la Colonia (1521-1810) se nombraron tesoreros que recaudaban los tributos como la Alcabala o el Quinto Real. Del México independiente son famosos los impuestos de Antonio López de Santa Anna sobre puertas, ventanas y animales domésticos. Recordemos también que durante el porfiriato los impuestos fueron tan elevados que contribuyeron al descontento general de la población. Después de la Revolución se implantaron impuestos más cercanos a los actuales, eran impuestos por servicios como el transporte, la luz, el correo y los primeros teléfonos.
Ahora bien, el sistema impositivo mexicano, tal y como lo conocemos ahora, es producto de una serie de modificaciones (tanto políticas como administrativas) a las leyes que regulan la administración tributaria; las cuales, se han venido dando en particular a partir de la década de los setenta.
Surgieron y fueron eliminados impuestos como el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM). otros como el Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) llegaron para quedarse, con ajustes en sus tasas que van de acuerdo a las necesidades y exigencias de los diferentes gobiernos.
Durante la última década, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha emitido en varias ocasiones su preocupación referente a los problemas recaudatorios que han estado experimentando los países miembros a esta organización.
Al referirnos al sistema tributario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos remite al artículo 31, fracción IV el cual es el fundamento jurídico para establecer impuestos y contribuir con la Federación, y que en la parte que interesa establece lo siguiente: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
Si bien, la función de nosotros como ciudadanos es la obligación de contribuir a este gasto público, en donde queda la obligación del gobierno de proporcionar a los ciudadanos una vida digna, rendir cuentas de la parte de recaudación que obtiene y que esto se vea reflejado en sistemas tan básicos y vitales como la salud, la educación y el medio de transporte.
El mayor de los problemas quizá sea la evasión fiscal, la cual deriva en una recaudación insuficiente de recursos que, más tarde, se traducen en servicios para la población. La evasión fiscal nos afecta a todos, en tanto que el gobierno, al necesitar medios económicos, y no contar con ellos, tiende a elevar los impuestos ya existentes o a crear nuevos.
Otro de los grandes problemas del sistema impositivo que se intenta combatir en nuestros días, es la complejidad y elevada cantidad de los trámites que deben realizarse para efectuar los pagos correspondientes.
Otras de las debilidades de la economía mexicana son los altos niveles de informalidad laboral, que afectan a cerca de 60% de los mexicanos
Al tercer trimestre de 2022, del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96% corresponde a personas físicas (78% a sueldos y salarios y 18% al resto) y el 4% a personas morales. Los Grandes Contribuyentes (personas morales) representan el 0.02% del padrón.
A partir de 2022, se registra la recaudación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que, a septiembre es de 20 mil 27 millones de pesos.
El Servicio de Administración Tributaria detalló que los ingresos tributarios alcanzaron 2 billones 902 mil 359 millones de pesos, esto significa un cumplimiento de 97.4% respecto de la Ley de Ingresos de la Federación, 200.3 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2021.
México es uno de los países de la OCDE que más reformas ha promovido en los últimos años. Algunas ya han comenzado a dar resultados. Sin embargo, después de decenas de reformas, el crecimiento de la economía mexicana sigue siendo débil y poco incluyente.
México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos de la OCDE.
México puede mejorar significativamente su política fiscal para hacerla más progresiva.
Se recomienda implementar una estrategia global de promoción de la productividad que contribuya a aumentar la competencia, mejorar la competitividad y la formalidad de las empresas mexicanas, resolver los cuellos de botella en infraestructura y elevar la calidad de la educación para todos.
Es una obligación de los mexicanos contribuir proporcional y equitativamente con el gasto público, según el principio Constitucional. También es obligación del Gobierno, administrar de manera transparente, responsable y eficaz los recursos públicos de los mexicanos, proporcionándoles información transparente, comprensible, comparable y comprobable respecto del uso y destino de cada peso contribuido.
Al final del día, regresamos al tema de la confianza; en este caso, la confianza ciudadana hacia las instituciones que manejan recursos públicos. Si queremos que mejore la calidad de vida democrática, es necesario que las instituciones cuenten con órganos, comités o comisiones donde se transparente el ejercicio de recursos públicos, y como sociedad debemos impulsar la rendición de cuentas y la máxima publicidad.
Miembro de la Comisión de Impuestos Internacionales del ICPNL.
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