Nuevo León, como México, enfrenta muchos de los mismos problemas públicos que teníamos hace treinta años.
Por ejemplo: la crisis hídrica que padeció la Zona Metropolitana de Monterrey hace unos meses, nos recordó los cortes de suministro de agua de los años ochentas, cuando el gobernador Alfonso Martínez Dominguez, advirtió que la escasez del agua se agravaría si la metrópoli seguía creciendo de manera desordenada… como finalmente sucedió.
Si los neoloneses nos remontamos a las primeras planas publicadas en aquellos años, advertiremos señales de alarma entorno a las preocupaciones actuales más recurrentes de la población: el transporte público, la inseguridad, las desigualdades económicas y sociales, la contaminación ambiental, Etc.
Claro: hoy los retos públicos son más complejos en un estado que duplicó su población en treinta años. Pero si uno lee las notas, en esencia son los mismos. ¿Estamos condenados a seguirlos padeciendo?
Una posibilidad para romper esta inercia es implementar con vigor las herramientas de mejora regulatoria.
Introducida en México a finales de los ochentas, la política de mejora regulatoria obliga a las autoridades a analizar la eficacia esperada de las regulaciones que se pretender instalar para solucionar los problemas públicos, a partir de examinar hechos y datos, y ponderar los beneficios y costos antes de su implementación.
Pero el análisis no se queda ahí: una vez implementada la regulación (con sus respectivos programas y acciones), las autoridades mexicanas estamos obligadas a evaluar de manera sistemática y periódica los resultados de dichas medidas, para verificar que realmente están siendo eficientes y efectivas en resolver los retos que nos aquejan.
Y en caso de que una regulación no generando el resultado esperado, la política de mejora regulatoria muestra el camino o metodología para mejorar dicha medida, a través de análisis cuantitativos y cualitativos, que incluyen una revisión de mejores prácticas e involucramiento de la ciudadanía.
Las herramientas de mejora regulatoria son muy útiles para aspirar a una verdadera solución de los problemas públicos, pero ¿cuándo serán una realidad?
En los últimos años se ha avanzando de manera importante en la institucionalización de esta política en México. Desde el 2017 la obligación de implementar la mejora regulatoria en el aparato gubernamental tiene rango constitucional, y desde el 2018 tenemos una Ley General que marca la pauta de cómo debemos hacerlo.
Pero su auténtica implementación depende del compromiso de quienes encabezan los distintos poderes y órdenes de gobierno: la mejora regulatoria requiere de líderes que privilegien el enfoque en resultados, y no reparen en esquemas de supervisión, medición, evaluación y rendición de cuentas.
Requiere de liderazgos con una verdadera convicción de resolver los problemas públicos, que dejen atrás las medidas cortoplacistas y “salidas políticas”, y que estén dispuestos a dar la batalla contra las inercias burocráticas que están tan arraigadas en la función pública tradicional.
En Nuevo León estamos avanzando de manera decisiva en la implementación de una política más efectiva de mejora regulatoria. Prueba de ello es el impulso que propuso en la materia el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, en la Nueva Constitución Local publicada en octubre del 2022.
Asimismo, el Gobierno del Nuevo Nuevo León recientemente dio el banderazo del programa Agiliza NL, en el que de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, buscamos simplificar y digitalizar los trámites involucrados en la apertura y operación de un negocio, facilitando su acceso a través de una ventanilla única de inversión.
En estos esfuerzos de mejora regulatoria están involucrados cientos de servidores públicos del ejecutivo estatal, y cuenta con el apoyo del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, y las cámaras empresariales.
Simplificar y digitalizar los trámites y servicios de un ente gubernamental es un primer paso decisivo hacia el fortalecimiento de una política de mejora regulatoria. La evaluación ex post de la efectividad de las regulaciones requerirá un segundo impulso, más maduro y costoso, pero necesario, para no condenarnos a repetir las mismas dinámicas que llevamos reproduciendo por décadas.
La autora es Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Nuevo León.