La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha postergado el análisis sobre la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. El Congreso de la Unión ha modificado leyes para que la Guardia Nacional pase al control de las fuerzas armadas, a pesar de la disposición constitucional que mandata su carácter civil. En breve veremos al Poder Reformador cambiar la Constitución para que el Presidente haga uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, cuando originariamente se fijó este límite hasta el 2024. Estos asuntos evidencian un problema mayúsculo de nuestro país: La baja densidad de nuestra cultura constitucional.
En efecto, una constitución “no es solamente un texto jurídico ni tampoco una acumulación de normas superiores, (sino que) es también expresión de un estado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación de un pueblo, un espejo de su herencia cultural y un fundamento de sus nuevas esperanzas” (Häberle). Se trata de las “prácticas, hábitos y actitudes de los poderes públicos y la ciudadanía en general de una comunidad política hacia la Constitución ‘realizada’” (Malero).
Centrémonos en primer lugar en los poderes públicos y la prisión preventiva oficiosa. El catálogo de delitos por los cuales se decreta la prisión preventiva oficiosa no ha hecho sino aumentar desde las reformas constitucionales de 2008, 2011 y 2019.
Aunque nuestra Constitución es en teoría rígida porque cuenta con un procedimiento complejo para ser reformada, esto no ha sido obstáculo para que los actores políticos aumentaran el catálogo. Los controles de poder a cargo de partidos políticos, Cámaras del Congreso y Legislaturas estatales fallaron, porque a pesar de existir múltiples voces que confirmaban la violación de la libertad personal y de la presunción de inocencia con esta medida cautelar (CIDH, comunicado 09 de enero de 2019), la Constitución se reformó para agregar más supuestos de procedencia.
Respecto a la ampliación de la lista de delitos en 2019, el Decreto de reforma a la Constitución fue aprobado con el voto a favor de 22 Congresos locales; solamente 2 votaron en contra (Chih. y S.L.P.). En este supuesto predominó una cultura política de disciplina partidista y no una de protección de los derechos humanos.
La SCJN también falló, porque tuvo la oportunidad de detener la injusticia interrumpiendo su doctrina sobre las restricciones expresas en la Constitución (Contradicción de tesis 293/2011); en breve veremos si recompone una posición garantista o privilegia una cultura jurídica deferente al poder político.
Véamonos ahora como ciudadanía. Según la Encuesta de Cultura Constitucional 2011 (IFE, IIJ-UNAM), el 92.8% de las personas encuestadas conoce poco o nada la Constitución. El 80.4% estima que la Constitución se cumple poco o nada; conforme a la Encuesta de Cultura Cívica 2020 (INEGI), el 61.1% de las personas encuestadas señalaron que en México la ley se cumple poco o nada.
La primera de las encuestas indica que casi el 25% piensa que las personas que no saben de leyes no deben opinar sobre los cambios a la Constitución; además, cuestionadas sobre si han escuchado hablar de la Constitución y en dónde, el 12.2% indicó que en ninguna parte, el 26.2 en la escuela o en el trabajo, el 27.7 en los medios y el 3 en la iglesia.
En resumen, no conocemos nuestra propia Constitución, no la asumimos como nuestra, no la respetamos y hablamos muy poco de ella. Nuestra educación cívica también fracasó.
Podemos afirmar que el poco valor que damos a nuestra Constitución permite no solo un cambio acelerado de la Ley Fundamental, en detrimento a su estabilidad normativa, sino, lo más grave, que se incorporen al texto constitucional disposiciones como la prisión preventiva oficiosa o el arraigo contrarias a los derechos humanos: La falta de “sentimiento constitucional”, de identificación de la población con sus instituciones y sus derechos, facilita que las fuerzas políticas coyunturales deseen “colgar en la Ley Mayor sus pretensiones discutibles”. (García-Atance).
La Constitución no pertenece sólo a las élites políticas. Nos pertenece a todas y a todos porque es nuestro mayor activo en democracia. La Constitución debe representar la guía en el camino de la Nación. Empecemos por conocerla, hablar de ella y exigir el respeto de los derechos humanos por sobre cualquier cambio coyuntural.