En las próximas semanas, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe tomar una decisión respecto a las demandas presentadas por Estados Unidos debido a la incompatibilidad de su política energética frente a los compromisos contraídos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los socios comerciales de México consideran que la nueva ley energética afecta los intereses de sus empresas porque reciben trato discriminatorio para poder invertir en el sector. Al respecto, uno de los principales problemas es que el gabinete del presidente mexicano está dividido sobre la decisión que se debe tomar. Por un lado, es altamente probable que las preferencias del propio presidente sean mantener la ley tal y como está en defensa de la soberanía nacional. López Obrador ha rechazado cualquier intervención externa en los asuntos internos del país. Asimismo, la Secretaría de Energía y las empresas del sector (PEMEX y CFE) buscan evitar cualquier cambio en el marco jurídico para su fortalecimiento y su consolidación.
Sin embargo, es altamente probable que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Economía estén a favor de una opción negociada para evitar que el asunto se ventile en paneles y se apliquen sanciones. Por ejemplo, si el gobierno de López Obrador mantiene su postura, entonces Estados Unidos y Canadá podrían tener derecho a establecer aranceles compensatorios a los productos mexicanos, lo que podría representar una pérdida de alrededor de 30 mil millones de dólares.
Este escenario podría afectar el crecimiento del PIB en los próximos años y ahuyentar inversiones externas debido a la desconfianza que generaría el gobierno de México al no garantizar seguridad a las empresas extranjeras.
Sobre el tema, es posible plantear dos escenarios. El primero sería que la decisión del gobierno mexicano sea mantener la ley energética tal como está, aludiendo asuntos de soberanía nacional. Es posible que la principal motivación de López Obrador sea fortalecer a Morena frente a las elecciones que vienen en 2023 y 2024. Hay un interés especial de consolidar la candidatura de quien se presente a la elección presidencial.
El otro escenario es que el gobierno mexicano adopte una decisión pragmática y ceda ante las presiones de Washington y Ottawa. Es decir, bajo este escenario, es probable que México tenga que hacer ajustes a su ley energética para hacerla compatible con el T-MEC y no poner en riesgo el crecimiento económico del país.
Esta situación presenta una disyuntiva particular en términos de los actores implicados, ya que por un lado, la primera opción representaría el interés político del grupo en el poder y por el otro, la segunda alternativa representaría el interés nacional de México porque se priorizaría el crecimiento económico. Sin embargo, existe una tercera opción que combinaría las dos primeras alternativas.
En otras palabras, el gobierno mexicano puede llegar a acuerdos que satisfagan los intereses de sus contrapartes y, al mismo tiempo, el presidente puede plantear un discurso en el que se afirme que la soberanía prevaleció en la negociación. Con esto, la administración puede cumplir con ambos objetivos: fortalecer al partido oficialista frente a los electores y no poner en riesgo el crecimiento económico.
Esta opción representaría la mejor alternativa para el gobierno de López Obrador frente a las demandas presentadas por Estados Unidos y Canadá, ya que de optar por una defensa a ultranza de la soberanía los costos para México serían muy elevados y en consecuencia el crecimiento y subsecuente desarrollo del país estaría en juego.
El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM).