La pobreza y la desigualdad denigran al ser humano, dañan el tejido social y generan resentimiento y polarización; son producto de políticas públicas ineficientes e ineficaces que, por errores de omisión o comisión, no han sido capaces de abatirlas.
Políticas públicas que son diseñadas y puestas en práctica por políticos y servidores públicos en el marco de determinado modelo económico y sobre ellos recae la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas sobre el resultado de sus acciones.
Son finalmente los hombres y las mujeres quienes nos representan en el gobierno los responsables de las políticas y programas públicos; representantes que fueron elegidos para solucionar los problemas más apremiantes de la sociedad.
Al no hacerlo se genera un círculo vicioso en el que la pobreza y la desigualdad provocan la inconformidad, y la exigencia creciente, de un grupo poblacional cada vez más numeroso y participativo en los procesos electorales que sexenio tras sexenio deposita su confianza en las promesas más convincentes y sexenio tras sexenio es defraudado.
El World Inequality Report (WIR), Harvard University Press, destaca en su Reporte 2022 que México es uno de los países con más desigualdad en el mundo. El ingreso promedio nacional de la población adulta fue de $232, 790.00 pesos en 2021, pero el 50% de la población recibe solo 9% del total. El 10% más alto recibe 30 veces más, o sea 57% del total y el 1% más alto recibe 26% del total del ingreso nacional.
Además, el WIR señala que, a diferencia de muchas economías de Europa y Asia y de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, México no ha reducido la desigualdad desde el siglo pasado en el que se observaron valores similares a los actuales.
Por su parte de acuerdo con el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica (100 es total desigualdad; 0 es total igualdad), México registró en 2020 un valor de 45.4, situándose entre los 25 países con peor distribución del ingreso entre un total de 158 (Index Mundi) y en la OCDE también se encuentra entre las naciones con mayor desigualdad.
Una situación similar se observa con la pobreza. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 42% a 44%, que equivale a un incremento de 52 a 56 millones de personas. En ese mismo periodo el número de personas en condición de pobreza extrema se incrementó a 11 millones de personas.
Adicionalmente, la CEPAL estima que para 2022 la pobreza en México podría incrementarse alrededor de 2%, esto significa más de 2 millones de nuevos pobres.
A partir de la década de los setenta del siglo pasado los presidentes en turno han puesto en práctica de manera específica programas asistenciales para combatir la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo:
Echevarria (1970-1976). Políticas sociales en torno a derechos laborales, impulsó las actividades agroindustriales, el Programa de Desarrollo Rural, la educación pública y la salud.
López Portillo (1976-1982). Programas sociales específicos como el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER); la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y; el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).
De la Madrid (1982-1988). Procesos descentralizadores y puso en marcha el Programa de Nutrición y Salud.
Salinas de Gortari (1988-1994). Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) para combatir la pobreza en forma focalizada en comunidades organizadas con énfasis en alimentación , ingreso, salud y educación.
Zedillo (1994-2000). Política social a través del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA).
Fox (2000-2006). Programa Nacional de Desarrollo Social enfocado a promover el bienestar para toda la población; Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Calderón (2006-2012). Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Programa de Apoyo Alimentario. Promovió apoyos especiales para vivienda, adultos mayores de 70 años, salud, educación y estancias infantiles.
Peña Nieto (2012-2018). Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia; Apoyo Alimentario (PAL); Pensión para Adultos Mayores; Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras; Empleo Temporal; Atención a Jornaleros Agrícolas; Desarrollo de Zonas Prioritarias; Abasto rural y social; Opciones Productivas y Estrategia de Microregiones.
López Obrador (2018- fecha). Pensión para el bienestar de los adultos mayores; Pensión para personas con discapacidad; Programa de comunidades sustentables sembrando vida; Programa de becas Jóvenes construyendo el futuro; apoyos a madres solteras; bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras. Se estima que en 2022, se entregaran más de 446 mil millones de pesos a 23 millones de beneficiarios de los programas sociales.
Los programas asistenciales de todos estos gobiernos han servido para administrar la presión social de los grupos marginados; paliar los efectos más negativos de la desigualdad y la pobreza y; según apreciaciones oficiales, han evitado su mayor crecimiento.
Sin embargo, en 50 años de planes y acciones erráticos, el número de pobres se incrementó más del doble al pasar de 22 millones en 1970 a 56 millones en 2020 (el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de un aproximado 42.0% a 44.0% ).
Ni gobiernos del PRI, PAN o Morena; ni derechas o izquierdas; ni políticos, tecnócratas, neoliberales o populistas, han logrado establecer políticas públicas efectivas que erradiquen la pobreza y la desigualdad en el País.
A lo largo de medio siglo el Estado benefactor ha probado ser un Estado solapador.
Lo anterior porque se han diseñado y puesto en marcha programas asistenciales que han servido para preservar una población agraviada y vulnerable a la manipulación electoral de gobiernos y partidos políticos.
Población que, por su condición socioeconómica y frustración por no lograr sus legítimas aspiraciones, siente perdida su dignidad e identidad con la otra mitad de los mexicanos, los que no viven en la pobreza.
Esto explica el desarrollo de la política del resentimiento (F. Fukuyama, Identidad, Ariel 2019): “un líder político moviliza a sus seguidores en torno a la percepción de que la dignidad del grupo ha sido ofendida… Un grupo humillado que busca la restitución de su dignidad tiene mucho más peso emocional que las personas que solo buscan una ventaja económica”.
Este peso emocional se transforma en peso político, en 56 millones de votos potenciales de gente indignada que exige igualdad de oportunidades y equidad de condiciones económicas y sociales. Estos millones de mexicanos son excelente campo de acción para el líder que busca impulsar la política del resentimiento.
Como señalan diversos especialistas, la desigualdad y la pobreza no son inevitables, son decisiones políticas.
Y estas decisiones no solo se explican por aspectos electorales y políticos, se explican también por falta de visión de Estado, corrupción, opacidad y una precaria división de poderes.
Romper este círculo vicioso requiere de un sólido Estado de derecho; del fortalecimiento de las instituciones democráticas y la rendición de cuentas; de acciones y políticas públicas que impulsen la productividad, capacitación, educación, inclusión e igualdad de oportunidades; de mayor inversión en investigación y desarrollo tecnológico y ; de mayor participación y colaboración ciudadanas.
Por supuesto requiere de una política de desarrollo sostenible que promueva la inversión y el ahorro. Otras naciones lo han hecho, ¿porqué nosotros no?
El autor es Economista, demógrafo y politólogo. Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León.