LA PROPIA POLÍTICA
Triste. Tristísimo y desesperanzador lo que se lee del Congreso de Nuevo León con el tema de la Revocación de Mandato (RM). Es un debate nocivo que se centra en la entrada en vigor de un mecanismo que está pésimamente legislado. Es descarado utilizar el mecanismo ciudadano con fines evidentemente político-partidista.
Es vergonzoso el papel que están haciendo las personas que representan a la ciudadanía neolonesa en medio de una crisis de agua. Quieren hacer creer que los malos resultados del gobierno estatal se resuelven quitando al titular, como si se pudiera resolver este problema en el corto plazo. Desinforman, pierden tiempo, malgastan su sueldo en politequería y no resuelven ni la mala configuración de la RM ni la provisión de agua.
No solamente es nociva, esta estrategia política ha demostrado ser contraproducente hasta para quienes la ejercen. Nadie gana metiéndole el pie a un gobernante en medio de una crisis estructural que no tiene solución inmediata y que sí necesita de todos para al menos explorar opciones de controlarla.
El origen del problema del agua no llegó con el sexenio de Samuel García y probablemente no tendrá una solución de fondo en los próximos años. Esa realidad debería abordarse abiertamente en los medios y a través de las autoridades. A partir de ahí cooperar. Si de ahí se logra un posicionamiento político, bien por la persona o el partido que lo haga, tendrá una legitimación sólida entre la ciudadanía.
La gente sabe que el problema fue la inacción del exgobernador Jaime Rodríguez y de la anticipación que hizo Rodrigo Medina. Tal vez no tan claro, pero seguro lo sospecha, de las inversiones que se hicieron en preparación del Plan Monterrey VI –proyecto que traía el Bronco bajo el brazo y que no se concretó en su sexenio–. En aquel 2015 se necesitaba el apoyo de seis de estados, entre ellos Veracruz; pero en 2022 el gobernador jarocho dijo no, CONAGUA dijo no y obviamente el presidente López Obrador propuso otra línea de acción.
Lo terrible es que no sé ve por donde se va a resolver el problema en Nuevo León. Entre este jaloneo de intereses políticos y económicos, el Poder Legislativo –quienes representan a la población que se manifiesta por no tener agua– quiere quitar al gobernador ¿para asegurar el aprovisionamiento de agua?, ¿para regresar al Plan Monterrey VI o para evitarlo?
¿Qué beneficio se obtiene de una crisis de gobernabilidad y quiénes salen beneficiados?
La RM necesita de una profunda discusión legislativa porque está muy mal configurada en la ley, lo de menos es su vigencia. Así como está legislada sólo llevará a una cadena de impugnaciones, tribunales y sobre todo a restarle tiempo a una solución efectiva. ¿Y si mejor se dedican a intervenir/proponer opciones para la solución de la crisis de agua?
