La lucha política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIFE, y la Sub-secretaría de Administración Tributaria, SAT, ha captado la atención de los interesados en los asuntos políticos del estado.
En contrapartida, para la ciudadanía en general, el resultado de esa lucha pareciera ser intrascendente ante el agobio que representan los problemas de escasez de agua, inseguridad, contaminación ambiental, transporte y congestionamiento vial.
Lo anterior es comprensible porque el ciudadano establece sus prioridades de acuerdo con el impacto directo e inmediato sobre su nivel de bienestar; a mayor impacto, mayor interés en resolver el problema.
Sin embargo, la disputa por los órganos de fiscalización, control y supervisión mencionados, y por supuesto el resultado, tiene importantes implicaciones para la ciudadanía nuevoleonesa tanto en términos de captación de recursos económicos como en términos de un mejor uso de ellos.
Las funciones realizadas por estos órganos no deben utilizarse de manera política ni mucho menos como negocio particular. Esto es ni la UIFE ni la SAT deben ser instrumento de los gobiernos, grupos o Poderes, para realizar presión política, venganzas o negocios.
Hacerlo, constituye una ilegalidad, representa falta de visión y de ética pública y vulnera la credibilidad de las acciones realizadas. Hacerlo, significaría una sentencia de muerte para estos organismos que son de gran importancia para el equilibrio de poderes en una democracia.
La esencia de estos organismos está conformada por su : autonomía técnica y de gestión; imparcialidad; objetividad; legalidad; ética; y profesionalismo.
Al actuar apegados a estos principios, los órganos de control y fiscalización, cumplen eficaz y eficientemente con sus objetivos de combatir la corrupción y promover el uso transparente y honesto de los recursos públicos.
Con ello aumenta su credibilidad y la confianza de la sociedad en los propios organismos y en el gobierno en general.
Las y los diputados locales, los partidos políticos y el C. Gobernador tienen en sus manos un asunto de la mayor relevancia para el futuro de nuestro Estado; tan relevante como los temas urgentes ya mencionados que directamente impactan en el ciudadano.
Y la relevancia del asunto no se restringe solo a la ubicación de estos organismos. Otros aspectos de gran trascendencia son: perfil y mecanismo de nombramiento de los titulares; duración en el encargo; motivos de remoción; competencia; presupuesto; y estructura organizacional, entre otros.
Lo que está en juego no es un negocio ni probar quien tiene más fuerza. Más allá de los egos e intereses particulares, lo que está en juego es la posibilidad de ofrecerle a la sociead nuevoleonesa dos instituciones que le sirvan directamente a ella y que coadyuven al fortalecimiento de la democracia y el bienestar de toda la población.
El autor es economista, demógrafo y politólogo. Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León.