LA PROPIA POLÍTICA
La ciudadanía quiere participar y la que está organizada lo hace a pesar de los obstáculos consabidos. Redes Quinto Poder acaba de publicar Violencia de género en Nuevo León, una crisis que se normaliza, una investigación sobre la (in)eficacia de la procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Esta organización de la sociedad civil, a través de solicitudes de información vía los canales de la transparencia, logró obtener la información de la Fiscalía General del Estado y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya es de reconocerse el conocimiento de los canales institucionales, la experiencia para hacer el trámite y la persistencia de la organización social.
Los resultados muestran que entre el 2015 al 2021 se presentaron casi 143 mil denuncias relacionadas la violencia en contra de la mujer y sólo el 4.3% se ha concluido. Ya sea por sentencia, por acuerdos reparatorio o alguna de las opciones que plantea la ley, solamente 6,166 personas han concluido su caso.
El 95.7% de los expedientes siguen abiertos. Esto es, hay que esperar años para tener acceso a la justicia sin que este número refleje las dificultades para presentar este tipo de denuncias. Además de la revictimización al presentar la queja, la mujer se topa con que el agente del ministerio público pretende atenuar la responsabilidades por la conducta o apariencia de la víctima, descalifica los agravantes por el horario/lugar/vestimenta, desacredita los testimonios por el estado emocional y claro, si lo considera necesario manipula/amenaza a la víctima no vaya a ser que esté mintiendo o exagerando.
No es novedad que la mujer que se atreve a denunciar actos de violencia se enfrenta al juego perverso de la complicidad entre pares, el influyentismo, el amiguismo, los compadrazgos, todo por la buena administración y financiamiento de favores. Gracias a este estudio habrá que agregar que ahora enfrenta la desidia institucional para garantizar el acceso a la justicia.
De acuerdo con el informe de Redes Quinto Poder, el presupuesto de la Fiscalía General se incrementó en un 40% entre 2019 y 2022, lo que no aportó mejora alguna a los tiempos de espera de las denunciantes.
Entre muchas por resaltar, el delito de corrupción de menores es el que presenta el índice más alto de desatención con un 97% de expedientes sin resolver. Nota al margen, este delito no es violencia contra las mujeres, es un vicio del sistema legal, no de la Fiscalía, porque apela a otro tipo de derechos de la infancia y las obligaciones del Estado.
En segundo lugar, se encuentra la violencia familiar con un 96.2% de rezago. El feminicidio es el mejor con sólo el 81.6% de pendientes en el archivo. Interesante la diferenciación que hacen con homicidio doloso con víctima mujer. Y hay mucho más por desgranar. Aquí se puede consultar la publicación de Redes Quinto Poder, https://redesquintopoder.org.mx/2022/06/12/violencia-de-genero-en-nuevo-leon-una-crisis-que-se-normaliza/
Sin desmentir estos datos, la Fiscalía tuvo a bien enviar un comunicado informando que el método aplicado no era el adecuado, como si esto aliviara en algo la evidente ineficacia de la procuración de justicia en Nuevo León.
Ojalá que esta acción siga y se abra el diálogo entre la autoridad y la ciudadanía organizada.
