Monterrey

Cesáreo Gámez: La corrupción en la 4T

Al parecer, no se vislumbra ninguna mejoría importante en el mediano plazo, al menos en lo que resta del sexenio

Una de las promesas electorales realizadas por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador que tuvo un mayor arrastre entre los ciudadanos fue el combate a la corrupción. Esta promesa tuvo una gran capacidad de convencimiento, entre una ciudadanía cansada de los actos de corrupción de los gobiernos anteriores y fue una de las causas del arrollador triunfo de este candidato en las elecciones realizadas en 2018.

Pues bien, el INEGI acaba de publicar la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 (ENCIG). Esta encuesta incluye información sobre varios aspectos de la administración pública, entre los cuales se encuentra la percepción de los ciudadanos sobre corrupción en nuestro país.

En esta edición de la encuesta, el 86.3 por ciento de los mexicanos adultos que viven en ciudades de 100 mil o más habitantes manifestaron que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes a nivel nacional.

Esta cifra es prácticamente igual a la obtenida en la ENCIG realizada en 2019, el primer año de la actual administración (87.0 por ciento)

Las entidades que registraron mayores porcentajes en este indicador fueron el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, con percepciones de 90.7, 90.6 y 90.0 por ciento, respectivamente.

En el caso de Nuevo León, el 86,6 por ciento de los ciudadanos manifestaron que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, cifra ligeramente superior al promedio nacional.

En cuanto a las instituciones que son más percibidas como corruptas por los ciudadanos, el dudoso honor de ocupar el primer lugar corresponde a los distintos cuerpos de policía del país.

Los policías son percibidos como corruptos por el 88.8 por ciento de los ciudadanos. Seguidos por los partidos políticos y las agencias del ministerio público, con porcentajes de 85.4 y 76.1 por ciento.

En Nuevo León, las instituciones peor calificadas fueron los policías, los partidos políticos y los gobiernos estatales, con porcentajes de 85.2, 85.1 y 69.9 por ciento.

La ENCIG reporta también que a nivel nacional 14 millones 837 mil ciudadanos experimentaron algún acto de corrupción en un trámite realizado, lo cual da una proporción de 14 mil 701 por cada 100 mil habitantes.

La cifra más alta se registró en Quintana Roo, donde 20 mil 413 ciudadanos de cada 100 mil manifestaron experimentar actos de corrupción, seguida de Puebla y Baja California, con cifras de 19 mil 585 y 19 mil 384 por cada 100 mil habitantes.

Y, ¿cuáles son los trámites en los que se presentan actos de corrupción?, en primer lugar, se encuentran aquellos relacionados con contactos con autoridades de seguridad pública. Dos millones 553 mil mexicanos adultos así lo manifestaron, lo cual nos da una proporción de 65 mil 016 por cada 100 mil habitantes.

En seguida se encuentran los trámites ante el ministerio público y los permisos relacionados con la propiedad, en donde, por cada 100 mil habitantes, 24 mil 032 y 22 mil 332 enfrentaron actos de corrupción.

El estado en que se registró una mayor incidencia de problemas de corrupción con las autoridades de seguridad fue el Estado de México, en donde la proporción por cada 100 mil habitantes fue de 84 mil 632. Le siguen Veracruz y Tabasco, con proporciones de 77 mil 429 y 74 mil 189 habitantes.

Y, ¿cuánto cuesta la corrupción a la economía mexicana? De acuerdo con la ENCIG, el costo total de la corrupción es de 9 mil 489 millones 422 mil pesos, que da un costo promedio por cada acto corrupto de 3 mil 044 pesos.

En total, los mayores costos se presentan en el contacto con autoridades de seguridad pública, que implican 3 mil 186 millones de pesos, seguidas por trámites ante el ministerio público, con un costo de mil 2989 millones.

En promedio, el trámite más costoso en términos de corrupción es el que se hace ante el ministerio público, con 8 mil 252 pesos, seguido por el acceso a créditos de vivienda y programas sociales, con 4 mil 006 pesos.

Y, ¿Qué hacen los ciudadanos ante el problema de la corrupción? Nada, de acuerdo con la ENCIG, el 83.7 por ciento contestó que no denunció los actos de corrupción ante las autoridades correspondientes.

¿Por qué? El 30 por ciento de los ciudadanos manifestó que es inútil, el 21.7 por ciento considera que es una pérdida de tiempo y el 13.1 por ciento considera que la corrupción es una práctica muy común y no vale la pena denunciarla.

Además, organismos y consultorías internacionales, como Transparencia Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también han señalado que la presencia y el combate a la corrupción en México están muy alejados de los existentes en las principales economías del mundo.

Esto es lo que dicen los datos contenidos en la ENCIG, si le agregamos los casos divulgados en los medios, sobre familiares del presidente y algunos de sus colaboradores cercanos han cometido presuntos actos de corrupción sin ser investígados, al menos de manera convincente, se refuerza la percepción de que en el gobierno actual no ha combatido de manera exitosa la corrupción, como era una de las promesas de campaña.

La persistencia de la corrupción, así como la inseguridad, donde al parecer la política de “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados esperados, la economía informal, el escaso crecimiento económico y la contracción en la inversión son algunos de los problemas más graves que enfrenta la economía mexicana.

Y lo más grave es que al parecer, no se vislumbra ninguna mejoría importante en el mediano plazo, al menos en lo que resta del sexenio.

El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL, miembro del SNI-Conacyt.

Cesáreo  Gámez

Cesáreo Gámez

Economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

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