Mientras el mundo está apenas recuperándose, paulatinamente, de más de dos años de pandemia al tiempo que enfrenta inflación galopante, crisis económica, pérdida de empleos, secuelas de salud y psicológicas por el COVID-19 y los múltiples estragos de la primera guerra del orden postpandémico entre Rusia y Ucrania que amenaza por recrudecerse hacia otras zonas de las fronteras rusas, pocos prestaron atención al Día Mundial del Agua celebrado el 22 de marzo.
No basta fijar un día en el calendario para reconocer lo vital que representa el acceso a este recurso. Tampoco basta que se haya establecido en la agenda 2030 de las Naciones Unidas el objetivo de desarrollo sostenible número 6: Agua limpia y saneamiento que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y así como el saneamiento para todos.
Las propias Naciones Unidas reconocen que existen miles de millones de personas que carecen de servicios básicos. Se estima que a nivel mundial una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable saludable, en tanto que dos de cada cinco no disponen de instalaciones básicas destinadas a lavarse las manos, además se calcula que más de 800 millones no tiene servicios sanitarios para sus necesidades básicas. Cada vez son más los miles de millones de personas en el mundo que sufren la escasez del agua, pues se calcula que 40% de la población mundial no tiene acceso a ella en calidad ni cantidad.
En noviembre del año 2002 el Comité de derechos económicos, sociales y culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua y en su artículo 1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna y agrega que este derecho es que cada individuo disponga del líquido de forma suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Por otra parte, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente en la Resolución 64/292 el derecho humano al agua y el saneamiento reafirmando que el acceso a agua potable, limpia y saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos no obstante la realidad muestra que por más declaraciones, resoluciones y compromisos internacionales, no solamente estamos lejos de alcanzar las metas establecidas sino que por el contrario, año con año se agudizan las contradicciones y disparidades en torno al acceso al vital líquido.
Diversos estudios, incluido uno de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostienen que en nuestro país cerca del 15% de la población no tiene acceso al agua potable y más del 30% no cuentan con la cantidad ni la calidad suficiente. A esto se suma que el año 2021 quedó registrado como el más severo en términos de sequías en las últimas décadas y expertos sostienen que el año 2022 aumentará el llamado estrés hídrico.
Al día de hoy cerca de la mitad de la población en nuestro país enfrente escasez de agua, lo cual se debe no sólo a cuestiones del cambio climático, falta de lluvias y otros factores naturales sino a una sobreexplotación de los acuíferos, uso inadecuado, falta de mantenimiento y modernización de la red de distribución, almacenamiento y saneamiento, además de la poca eficiencia en su uso ya que más del 76% se destina para actividades agrícolas y sólo 14% para el abastecimiento de la población.
Urge ya no sólo generar conciencia en su ahorro vía campañas mediáticas. Siendo el uso agrícola en el que más de desperdicia el agua, apremia su modernización a sistemas de aspersión y riego por goteo u otro tipo de usos más eficientes, no sólo la población debe sufrir desabasto o falta de acceso. Se requieren políticas públicas federales y estatales que nos lleven a un uso sostenible de este vital líquido y podamos modificar esa poca honrosa posición a nivel mundial que nos ubica como el quinto país que más litros promedio consume diariamente per cápita.
El derecho humano al agua no debe estar sólo en tinta y papel, debe de ser una realidad de todos los días en todas las zonas y regiones del país y no sólo privilegio de algunos sectores como se ha puesto en evidencia en la reciente crisis del agua de algunos estados del norte del país en el que destaca Nuevo León particularmente la ciudad de Monterrey en la que la distribución del agua se ha convertido en un instrumento político con marcadas desigualdades en su distribución que parece obedecer más al nivel socio-económico de ciertas áreas que a un derecho universal.
Luz Araceli González U.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.