Nuevo León, entidad que siempre busca ser vanguardia en materia de paz, desarrollo humano y crecimiento, ha sido en fechas recientes foco de atención nacional e internacional por una razón opuesta, la alta incidencia de desapariciones y muertes violentas de mujeres.
Esta trágica notoriedad, por nadie deseada, ha puesto en evidencia, para sorpresa de muchos de los que aquí habitamos, una alarmante ineptitud y disfuncionalidad, de nuestros muy costosos, y presuntamente ejemplares a nivel nacional, aparatos de seguridad pública y de procuración de justicia.
Los muy tristes fallecimientos de Débanhi Escobar Bazaldúa y de Yolanda Martínez Cadena, jóvenes mujeres desaparecidas por semanas y buscadas incansablemente por sus familias, voluntarios, y, en último lugar, por las autoridades policiacas, generaron una ola de indignación ciudadana, mediática y de redes sociales sin precedentes, que ante su elevado costo político, derivó en un enfrentamiento, primero discreto y luego escandaloso, entre el Gobernador y el Fiscal General del Estado, que tuvo que ser atemperado por los “Dueños del Pueblo”, es decir, los organismos de la Sociedad Civil Empresarial (modernas “Juntas de Notables”), factores decisivos para la elección y designación de ambos servidores públicos.
Tal presión dio como resultados reuniones de avenimiento y posteriores fotos con sonrisas de los previamente rijosos, con el aval incluso del Presidente de la República, que en su visita a la entidad tocó el doloroso tema de la desaparición y fallecimiento de mujeres, y, a manera de subrayado cordial de la insuficiencia técnica y de credibilidad de la Policía Estatal y la Fiscalía, ofreció, en voz de su Subsecretario de Seguridad más notorio, la ayuda de las instancias forenses de la Ciudad de México, que se supone es una entidad soberana y no depende del gobierno federal, para determinar de manera creíble las causas de la muerte de Débanhi y de Yolanda, que la autoridad insiste en marcar como accidente y como suicidio respectivamente, mientras que la opinión pública y las familias de las fallecidas consideran feminicidios.
En el caso de Débanhi, siguen siendo objeto de duda y escepticismo generalizados las discrepancias entre la necropsia oficial, -que apunta a una caída accidental a la cisterna donde fue hallada, y la necropsia alternativa que ordenó su familia, y que se tuvo que realizar sin acceso a su cadáver, y que señala que los indicios de lesiones, de ubicación de pertenencias y el entorno en donde fue hallado el cuerpo señalan que la víctima fue asesinada.
Aumentan las dudas el hallazgo accidental, aún no explicado, de una identificación con foto de la víctima, en una jardinera de un conjunto de edificios previamente cateado por la autoridad durante la búsqueda con vida de Débanhi, y de la que no se dijo el por qué se hizo ahí tal cateo.
En el caso de Yolanda, la necropsia oficial habla de un suicidio por envenenamiento y aporta como soporte de ello una inscripción interpretada como suicida en un vaso de bebida, enfrenta las dudas de la familia y de organismos de búsqueda de desaparecidas, que dudan de un suicidio por el lugar en que fue hallado el cuerpo y el tipo de substancia con la que resultó intoxicada y fallecida.
Pareciera existir una obstinación oficial en negar que se enfrenta una alta incidencia de feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres, lo que inevitablemente trae a la memoria la fase inicial de la tragedia de Las Muertas de Juárez, en donde las autoridades a cargo de investigar los hechos, hace casi tres décadas, negaban que estuvieran relacionados entre sí y que fueran acciones de organizaciones criminales presentes entonces y ahora en esa ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, Tomó años que las autoridades reconocieran la participación organizada de criminales en tales hechos, y tal dilación costó muchas vidas.
No debe repetirse esta historia. La sociedad, organizada o no, debe exigir a la autoridad comenzar las acciones partiendo del peor escenario, es decir, indagar primero si los cárteles criminales son partícipes de los casos de desaparición y muerte de mujeres en Nuevo León, por más costoso que sea el reconocer esa posibilidad desde el punto de vista político.
Más allá de cualquier consideración sobre este doloroso tema, queda muy claro que la politización tanto de las acciones como de la designación de mandos en las instancias de prevención como de la protección y la persecución de delitos contra mujeres ha dado lugar a un marcado retroceso en su efectividad y en todos sus resultados, elevando los casos de desaparición, lesiones y muerte de mujeres de Nuevo León. Se puede acusar con certeza: la politiquería, es decir, la “griila”, mata mujeres.