Vivimos una oleada de emisiones de instrumentos calificados ESG, en dónde los recursos que las empresas que los emiten vinculan los recursos que obtienen para desarrollar proyectos que vinculan a alguno o algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Puede ser que los recursos contribuyan a erradicar la pobreza, eliminar el hambre, aumenten la salud y el bienestar, promuevan la educación de calidad o la igualdad de género, contribuyan a incrementar la disponibilidad de agua limpia o promuevan la energía asequible y no contaminante, impulsen el trabajo decente y el crecimiento económico, fortalezcan la industria, innovación e infraestructura, reduzcan las desigualdades, fortalezcan las ciudades o comunidades sostenibles, la producción o consumo responsables, emprendan acciones por el clima, protejan la vida submarina o la vida de ecosistemas terrestres, promuevan la paz, la justicia y fortalezcan las instituciones responsables de ello o creen alianzas para lograr estos objetivos.
Cuando uno revisa cada uno de estos objetivos, difícilmente encuentra posibilidades de no caer en alguno cuando decide participar de ellos, más si se trata de una gran empresa, que estando al escrutinio público, cuida sus acciones de manera meticulosa para no generarse problemas de imagen por algún efecto negativo de sus acciones. Sin embargo, como todo en estos tiempos, necesita certificarse por terceras instancias independientes para poder ostentarlo y darle credibilidad al público inversionista, que es el destino de estos esfuerzos en esta ocasión.
Una reciente publicación de Climate Bonds Initiative, titulada “Sustainable debt. Global State of the Market 2021″ cuantificó más de 16,000 instrumentos de deuda vinculados a ESG, sustentabilidad e instrumentos de transición, para el año 2021, con un nivel de endeudamiento acumulado superior a 2.8 trillones de dólares. El ritmo de crecimiento que ha mostrado este mercado es muy acelerado, incluso llegando al 46% en el primer año de pandemia. Dentro de las muy diversas iniciativas, las orientadas a temas ambientales son los de mayor peso, siguiéndoles la social y la sustentable. Sin embargo, la proporción respecto a las emisiones totales de deuda a nivel global sigue siendo baja.
En los últimos años, los gobiernos también han estado interesados en la participación de estos instrumentos, al grado que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México se ha diseñado una estrategia para impulsar la transformación de los bonos públicos hacia criterios ESG. Como resultado, en 2020 y 2021 el Gobierno de México emitió dos bonos vinculados a los ODS y en 2022 ha emitido un primer bono a dos años en pesos, el BONDESG en un volumen de 20 mil millones de pesos, esperando sea un referente para empresas e impulse más emisiones en el país, que ha sido señalado como de lento crecimiento en este tipo de instrumentos.
Sin embargo, queda la duda de hasta dónde pueden llegar estos mercados antes de convertirse en el estándar de la industria, lo que implicaría que no solo es una ventaja competitiva para las empresas, más bien es la norma. Por otro lado, aún más importante, es el análisis de los efectos que tienen estos esfuerzos en materia de equidad, reducción de gases de efecto invernadero, justicia social, reducción de la pobreza, etc.
Sobre todo, la reflexión que debemos hacer es sobre la manera en la que estos instrumentos son definidos frente a un comportamiento a veces contradictorio de los emisores. Hoy el gobierno de México atraviesa innumerables retos frente a sus acciones contradictoria en materia ambiental a partir de sus proyectos estructurales, como el Tren Maya, el aeropuerto cancelado, la construcción de una refinería, el intento de modificar la ley eléctrica para detener esfuerzos de energía alternativa, etc. En el lado social, las incontables quejas de la sociedad civil hacia derechos de mujeres, de periodistas, de enfermos, ante los esfuerzos académicos privados y los educativos de tiempo completo, etc. Y no se diga de gobernanza en la disputa que existe hacia los otros poderes de la República, así como contra el organismo que lidera los ejercicios electorales. ¿Cómo es que son compatibles una emisión de bonos ESG públicos y un conjunto de acciones contrarias al desarrollo?
Sin duda esto nos lleva a ir más allá en lo que respecta a este tipo de instrumentos, en hablar no solo de proyectos de financiamiento sino de coherencia en las acciones, tanto para los gobiernos como para las empresas. Los esfuerzos hacia la sustentabilidad no solo se cubren con emisiones de deuda que financian proyectos alineados a ciertos ODS, sino que las empresas deben tener una alineación completa a los criterios y mostrar coherencia a lo largo del tiempo, cumpliendo cada vez de manera más estricta estos parámetros. Aún hay mucho por hacer…
El autor es profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Su correo es: pablo.pereza@tec.mx