Desde que el pasado lunes 2 de mayo se filtró un documento, hecho sin precedente en nuestro vecino del norte desde hace 233 años, de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la posible orientación contra el aborto, las calles de la nación norteamericana fueron tomadas por innumerables grupos tanto provida, como por los favorables al aborto. En el caso de prosperar esa iniciativa que anula el derecho al aborto, más de 37 millones de mujeres de la Unión americana, en su edad reproductiva, perderían su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Este debate para revocar el fallo de 1973 “Roe vs Wade” que permite el aborto durante los tres primeros meses, está cuestionando un elemento esencial del marco legar norteamericano: el derecho nacional al aborto. Sin embargo, el juez Samuel Alito que apoyó el contenido del documento filtrado, fue muy claro en precisar que el derecho al aborto no está contenido en la Constitución y no es un derecho que se deba proteger. Además el juez afirmó que “Roe vs Wade” fue un “error flagrante” y agregó “consideramos que debe ser anulado”.
Según Alito “la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, posición respaldada por otros 5 jueces de la máxima Corte estadounidense.
En cuanto al falllo de 1973 “Roe vs Wade”, en su momento, los jueces de la Corte con una votación de 7 contra 2, dictaminaron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Carta magna.
Este caso plantea varios elementos entre los cuales podemos recalcar el derecho absoluto de la mujer a interrumpir su embarazo durante les tres primeros meses pero permite también regulaciones gubernamentales durante el siguiente trimestre. Sin embargo, la correlación existente actuamente en la Corte es más favorable a los elementos conservadores (6 contra 3) y partidarios de las ideas de ex presidente Trump.
El caso legal que conlleva este debate gira alrededor de la decisión de Mississipi de prohibir el aborto después de las 15 semanas. Un fallo en favor del Estado sureño puede quebrantar seriamente el derecho del aborto a nivel nacional.
Sin embargo, esta decisión no se volverá automáticamente obligatoria en todos los estados de la Unión, sino que recaerá en las legislaturas estatales decidir. Dada la composición actual de las legislaturas locales la mitad de los 50 Estados de los EE.UU. adoptarán la decisión de la Corte Suprema.
Además, esta decisión podrá ser un precedente y no se limitará solamente al caso del aborto. Varios derechos civiles podrían ser revocados, como los matrimonios igualitarios que tiene mucho menos tiempo adoptado en la Unión Norteamericana (2016), los métodos anticonceptivos, la fertilización in vitro u otros derechos no explícitos en la Constitución.
De aprobarse la revocación de la ley de aborto, Estados Unidos estará dando un salto de 50 años atrás en este tema y en otros que naturalmente estarían arrastrados por la ola conservadora que parece ir ganando terreno en las legislaturas locales.
Un cambio tan radical en nuestro vecino del norte necesariamente tendrá serias repercusiones en nuestro país. Por una parte, la radicalización derechista en los Estados Unidos podría impulsar un giro conservador en varias entidades de México, particularmente el Bajío y lo estados norteños después de las malas experiencias con el gobierno federal de la llamada 4T. En Estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el impacto podría ser aún mayor dada su colindancia con los Estados norteamericanos de Texas y Arizona que son de los más radicales contra el aborto, por lo que en caso de aprobarse esta propuesta, los Estados mexicanos fronterizos podrían convertirse en el destino preferido de centenares de mujeres que buscan detener su embarazo.
Si de por si la agenda bilateral, particularmente la transfronteriza entre México y Estados Unidos es profundamente compleja y con asuntos de alta conflictividad como la migración, el tráfico de armas y drogas entre otros, la prohibición del aborto sumaría nuevas dinámicas que incluirían cuestiones de salud y seguridad humana, ante este escenario la pregunta obligada es ¿Estamos preparados para una eventualidad de esta naturaleza?
El autor es Doctor en Ciencia Política, especialista en política internacional y asuntos regionales. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.