La construcción del sistema democrático mexicano ha sido un largo y costoso proceso de muchas décadas que ha tenido avances significativos en los últimos 30 años al realizarce reformas para promover autoridades electorales autónomas e imparciales y procesos electorales libres, equitativos, confiables y transparentes.
Entre estas reformas destacan: la creación del IFE y del TRIFE (ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), en 1990; la autonomía del IFE en 1996; la creación del Instituto Nacional Electoral en 2014 y; la aprobación de candidaturas independientes en ese mismo año.
Como resultado de una mayor legitimidad de los procesos electorales, los ciudadanos podemos otorgar nuestro voto a aquellos partidos políticos, o candidatos, que han actuado con honestidad y se comprometen a erradicar la corrupción. En contrapartida, se “castiga” a quienes se considera han incurrido o están relacionados con actos de corrupción. La manifestación de este voto de “apoyo-castigo”, ha sido determinante, en los últimos años, en múltiples elecciones tanto en el ámbito nacional como en estados y municipios.
Por otra parte, al avance de la democracia electoral se han sumado medidas y acciones enfocadas a fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Entre estas destacan: la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en 1982; la creación del IFAI en 2002 (ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales); la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2004; la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de 2016; la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas en ese mismo año; y la reforma de la Secretaría de la Función Pública y la creación de la Fiscalia General de la República autónoma en 2018.
Todos estos logros son resultado de una intensa lucha, perseverante y responsable, de hombres y mujeres de diversas corrientes políticas e ideológicas, y de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, quienes durante décadas se han comprometido con la transformación del sistema político mexicano.
Este proceso de transformación es permanente y sus resultados perfectibles por las áreas de oportunidad que se van detectando con el tiempo: deficiencias o “huecos” en el marco jurídico; cambios en el entorno nacional o mundial; y las que surgen al momento de poner en práctica las normas y leyes producto de quienes buscan eludir los preceptos legales.
En este contexto es aleccionador que el fortalecimiento del marco jurídico no ha sido suficiente para revertir la percepción de la corrupción en nuestro país. En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 es la mejor calificación). Con ello nuestro país se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados y como el peor entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
Cabe destacar que países como Uruguay, Chile, Cuba, Jamaica, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y El Salvador, se encuentran mejor posicionados que México.
La tendencia a cometer actos de corrupción por quien detenta poder político o económico, o busca detentarlo, es ancestral. Aristóteles, 350 años a. C., destacó en el libro V de Política: “Una norma que debe seguirse en la democracia… es no permitir el engrandecimiento excesivo y desproporcionado de ningún ciudadano… porque los hombres se corrompen facilmente.”
Señaló también, de manera clara, la importancia de la rendición de cuentas y de la vigilancia en el uso de los recursos públicos, sentando así las bases para la lucha contra la corrupción en los siglos siguientes.
Los aspectos que explican la corrupción son múltiples y están relacionados con: procedimientos y sistemas de control; marco legal; impartición de justicia; principios, valores y cultura de la legalidad; coordinación en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión; e impunidad, o ausencia de consecuencias, a quienes incurren en actos de corrupción, entre otros.
Por ello es necesario continuar fortaleciendo los controles internos, los externos, las sanciones, los resarcimientos económicos y la división entre los tres Poderes para evitar la concentración excesiva de poder y prevenir actos de corrupción.
Y es en la prevención donde tenemos mucho por avanzar y en la que es determinante la participación activa de servidores públicos, políticos, empresarios, periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos.
Así como de manera responsable y perseverante participamos en la construcción de un sistema electoral cada vez más sólido, podemos avanzar en la construcción de gobiernos integrados por servidores públicos que se desempeñen bajo los principios que marca la ley: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
El autor es Economista, demógrafo y politólogo. Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León.