En Colombia, las condiciones de desigualdad económica, la violencia y la debilidad institucional estructural influyen fuertemente en el manejo de la emergencia sanitaria. La gestión de la pandemia pone de manifiesto los límites de las instituciones en un Estado gobernado casi permanentemente, durante las últimas seis décadas, bajo la figura del estado de excepción, aumentando aún más la desigualdad y la corrupción endémica existente desde la independencia.
La figura del estado de excepción existe desde la antigüedad de la tradición política europea como una práctica política que a través de la restricción de derechos y garantías individuales pretende hacer frente a una condición de emergencia manifiesta y de esa forma salvar el conjunto de una comunidad socio-política, sus instituciones y en últimas, el mismo Estado. En Colombia el estado de excepción puede ser declarado por parte del Presidente de la República bajo la figura del “estado de conmoción interior” disciplinado en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991, actualmente vigente.
La creencia compartida que considera al país suramericano como la democracia más antigua de América Latina, evidencia los alcances y límites del Estado nacional en esta parte del mundo. La debilidad institucional y la ausencia o latencia manifiesta del Estado para la mayoría de la población, especialmente en momentos de crisis manifiesta como aquella generada por un agente exógeno (la pandemia del COVID-19), permiten subrayar el uso instrumental de la figura del estado de excepción como técnica disciplinaria destinada a salvaguardar a una pequeña élite en el poder y no al conjunto de la comunidad nacional.
Mientras históricamente se ha declarado e implementado el estado de excepción en repetidas ocasiones para enfrentarse a crisis socio-políticas, las medidas excepcionales establecidas e implementadas durante la fase pandémica hasta la fecha han sido poco numerosas y limitadas bajo el umbral del Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 por medio del cual el Presidente Duque ha declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. Los encierres prolongados, pero en ausencia de serios controles y políticas de apoyo hacia la población más débil, han provocado un aumento aún mayor de la desigualdad en el país y un crecimiento de la pobreza entre los estratos populares, llevando al estallido de crecientes protestas sociales reprimidas con la violencia.
Colombia no es un estado fallido, más bien es un ejemplo de la persistencia de estructuras feudales en la actualidad, por lo tanto, tampoco es un Estado de Derecho propiamente dicho entendido como aquella entidad que mantiene el monopolio legítimo de la violencia, y permite el encuentro entre diferentes instancias sociales, promoviendo la negociación y formas de resolución pacificas de los conflictos. La condición de excepcionalidad semi-permanente impide el fortalecimiento del Estado de Derecho y constituye una disfuncionalidad que termina siendo funcional en el corto plazo solo para aquellas élites feudales que mantienen el poder en el país.
Colombia se va acercando a las elecciones en el medio de una pandemia global mal manejada, de una fuerte crisis económica, de una nueva oleada de violencia común y política y de una creciente polarización social. Independientemente del éxito de la próxima tornada electoral, las instituciones que saldrán de ella deberán enfrentarse al reto histórico de dejar atrás el ancien régime que ha caracterizado la historia contemporánea de ese Estado, construyendo un país menos desigual y más incluyente y promoviendo una seria y amplia negociación entre todخs sus componentes sociales, para encaminarse hacia una solución del conflicto social, económico, político y armado. Si las nuevas instituciones seguirán en el camino de la excepcionalidad y disfuncionalidad institucional, la violencia aumentará y con ella la inseguridad para todos los estratos sociales.
Desde la Maestría en Cooperación Internacional y Resolución de Conflictos de la Universidad de Monterrey, tenemos bien claro que México necesita formar profesionales capaces de analizar y proponer soluciones a crisis complejas como la colombiana, al mismo tiempo que reflexionen hacia el contexto nacional mexicano con la finalidad de evitar el debilitamiento de las instituciones estatales que, entre desigualdad y violencia, se encuentran gravemente debilitadas en el país sudamericano.
Dario Ghilarducci es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de los Andes de Colombia. Actualmente es Profesor Investigador de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM.