Para inicios de 2022, México enfrenta diversos retos de política pública. En primer lugar, está el desafío de la pandemia y las afectaciones económicas que ha ocasionado. Además, el combate a la corrupción y la desigualdad social son dos asignaturas todavía pendientes puesto que la sociedad aún resiente estos dos flagelos.
Sin embargo, un reto paralelo es el de la seguridad. Efectivamente el nivel de violencia y el número de delitos ha crecido en los últimos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2021 murieron alrededor de 35 mil personas de manera violenta. Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California, Michoacán, Jalisco, Sonora y Guerrero. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en 2021 se denunciaron 2 millones 44 mil 122 ilícitos, 202 mil delitos más que en 2020.
Con estas cifras, es probable que en 2022 la violencia aumente en el país. En este contexto, uno de los principales problemas que genera esta situación es la alta impunidad que existe. De acuerdo con México Evalúa, el 94,8 % de los casos denunciados en México quedan sin resolverse. Así las cosas, resulta muy complicado reducir la incidencia delictiva a lo largo del territorio nacional. Además, el crimen organizado ha diversificado sus actividades. Ya no es solamente el tráfico de drogas el principal delito lucrativo. Ahora, las redes se han extendido a la extorsión, tráfico de persona, prostitución, piratería, robo de combustible (huachicoleo), y un gran número de actividades ilícitas. Incluso, el crimen organizado se ha involucrado en otros sectores productivos, como es la cosecha de aguacates y de limones.
Una prioridad del actual gobierno federal ha sido reducir los niveles de violencia. Sin embargo, las cifras reflejan pocos avances en esta materia. En el ámbito internacional, México ha buscado establecer mecanismos de colaboración para combatir este flagelo. Con Estados Unidos hay acercamientos para cooperar bilateralmente puesto que ambas naciones comparten el problema. Recientemente, los encargados de la seguridad y el Canciller de México han tenido reuniones con sus pares estadounidenses para fortalecer los lazos binacionales. Por un lado, ambos gobiernos anunciaron la finalización de la Iniciativa Mérida, un esquema de cooperación para fortalecer las capacidades institucionales mexicanas en la lucha contra el narcotráfico. Pero también anunciaron el llamado Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras.
En los estados fronterizos, la violencia todavía permea significativamente en la sociedad. En Baja California, Sonora y Chihuahua, los delitos se mantienen en niveles altos. En Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, el número de crímenes es menor, pero aun así es necesario establecer mecanismos bilaterales de gobernanza regional para reducir el fenómeno. La diplomacia y la cooperación transfronteriza son dos instrumentos necesarios para combatir la violencia en las principales ciudades que colindan con Estados Unidos. Sin embargo, es necesario que otros sectores de la sociedad se involucren para acompañar al gobierno en su objetivo. Precisamente esa es la esencia de la gobernanza, que otros actores participen para resolver de manera conjunta la problemática social.
La academia y los medios de comunicación también tienen una responsabilidad compartida. Es necesario concientizar a la sociedad de las implicaciones que tiene la violencia en el país. Los resultados de esta labor no tendrán un impacto inmediato. Pero es necesario iniciar ahora para que más adelante la sociedad y el gobierno cuenten con información objetiva. Esta actividad por sí sola no reducirá de manera automática la violencia en el país, pero sentará las bases para que en un futuro cercano México cuente con elementos tangibles para el proceso de toma de decisiones de la política pública en el ámbito de la seguridad.
Rafael Velázquez Flores es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.