Monterrey

Armando Melgoza: Delitos al aire. ¿Qué nos espera?

Prácticamente todo ciudadano que traslade (transporte) mercancía se podrá encontrar sujeto a un procedimiento penal por el delito equiparable a contrabando.

El pasado 8 de septiembre del año en curso a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público se presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2022 así como las propuestas de reformas a diversas disposiciones fiscales, dentro de las cuales se contempla la consistente en la adición de la fracción XXII al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación con la cual se busca tipificar como presunción de contrabando el traslado bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el CFDI (Comprobante fiscal por Internet) de tipo ingreso o de tipo traslado al que se le incorpore el complemento Carta Porte, lo cual no solo se considera excesivo sino incongruente con la exposición de motivos que señala el Ejecutivo Federal para llevar a cabo las reformas que fueron presentadas.

Es tan amplió el concepto que engloba la propuesta del ejecutivo, en la fracción en comento, que prácticamente todo ciudadano que traslade (transporte) mercancía se podrá encontrar sujeto a un procedimiento penal por el delito equiparable a contrabando, si es que dicha propuesta es aceptada en los términos que originalmente se expone, en el entendido de que la hipótesis que se propone no requiere que exista una omisión de contribuciones al comercio exterior, ni el incumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria, ni que se trate de mercancía de procedencia extranjera que no acredite su legal importación, ya que la redacción propuesta también contempla a las mercancías nacionales, sino que solo se actualice la omisión en la expedición de un comprobante, que por si sola no genera una afectación al Estado ni al Erario Público.

Al respecto es de señalarse que en la citada propuesta de reforma se indica que las mismas se basan en la confianza de la ciudadanía, por lo cual no tendría sentido que por un tema administrativo, que claramente la autoridad puede sancionar, ya que se encuentra dentro de sus facultades,  se pueda llegar al extremo de tipificarlo como delito, máxime si se tiene en cuenta que en términos de la Ley Aduanera dentro de los documentos con los cuales se acredita la legal estancia, tenencia o importación de los bienes no se encuentra el CFDI del tipo que corresponda con el complemento de carta porte, el cual solo amparará el traslado más no así la posesión o propiedad.

Además de que como se ha señalado, aunque estamos en presencia de un delito que se equiparara al contrabando, no tendremos que estar en presencia de mercancía de procedencia extranjera para que se configure el mismo.

Por lo anterior es de vital importancia que los legisladores consideren varios puntos adicionales a los antes apuntados, como es el determinar sobre quienes podrá recaer este nuevo tipo penal, en donde de inicio se considera que serán los conductores de los vehículos que se contraten para el traslado, sea como empleados de una empresa o como dueños de sus propios camiones.

La necesidad de que los Legisladores tengan cuidado en este tema es de suma trascendencia en cuanto a que en la práctica es poco frecuente que los tribunales lleven a cabo un análisis de proporcionalidad en los que se ponderen los delitos o infracciones contra las sanciones que se impongan, por lo que en caso de que no se tenga un debido análisis podremos ver un exceso del lado de las autoridades en la aplicación de una norma mal estructurada.

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