A más de 16 meses de confinamiento por la pandemia y la suspensión de clases en el sistema educativo nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación, hoy estamos ante una situación difícilmente comprensible toda vez que pareciera que se anteponen criterios políticos antes que de salud para el regreso presencial a clases.
Resulta curioso recordar que durante los meses en que el semáforo epidemiológico, el cual supuestamente es la base para la toma de decisiones en materia de salud, osciló entre los colores amarillo, naranja, rojo, de manera efímera verde y nuevamente en naranjas y amarillos no se autorizó el regreso presencial a las escuelas. Incluso en los momentos y Estados en los que el semáforo estuvo en verde por más de tres semanas el regreso a las aulas no fue una opción.
Hoy cuando el mapa epidemiológico mexicano marca 7 estados en rojo, 15 en anaranjado, nueve en amarillo y sólo uno en verde, además de encontrarnos en la llamada tercera ola de contagios y en la que en esta semana se alcanzó una cifra récord de infectados en un día, superando los 22,000 contagios, se anuncia el regreso a clases presenciales…
Por más de un año los planteles educativos han estado cerrados, muchos de los cuales hoy se encuentran en condiciones francamente deterioradas e incluso deplorables por el vandalismo, la falta de mantenimiento y el abandono, esto de manera particular destaca en el sector de educación pública. ¿Acaso las escuelas ya están claramente habilitadas para el regreso de los niños y jóvenes en condiciones que se garantice su salud y seguridad?
Resulta curioso que por decreto ya la educación se definió como un sector indispensable cuando por más de un año no lo fue. Hace apenas unos días el subsecretario de salud López-Gatell informó que el sector educativo pasaría a ser considerado una actividad esencial por lo que incluso en semáforo rojo las clases serían presenciales gracias a lo que él mismo llamó como un “ajuste” de las llamadas actividades esenciales y no esenciales.
Incluso la propia Secretaria de gobernación publicó en su Twitter que “se trata de atajar la pandemia y al mismo tiempo permitir un regreso estratégico a las actividades escolares presenciales” ciertamente no han explicado ese regreso estratégico, no han difundido en qué consistirá, sus fases, su planeación, y menos aún los recursos destinados para ello cuando el deterioro ya mencionado de muchas escuelas salta a la vista para cualquier transeúnte, tampoco se precisa la estrategia para “atajar la pandemia”.
Es lamentable que una decisión fundamental de salud pública se esté gestionando de manera tan errática. No es que me oponga al derecho que tienen los niños y jóvenes de nuestro país a asistir a las aulas, tampoco considero que la educación como se ha implementado este último año deba continuar, la pandemia ha evidenciado aún con mayor crudeza las profundas brechas entre la educación pública y la privada además el rezago educativo de nuestro país definitivamente está poniendo en riesgo el futuro de todos estos niños y jóvenes, lo que todos debemos privilegiar es la salud de todos y todas.
Más allá de “ajustes” discrecionales de lo que es esencial o no, de presiones de padres y madres de familia o de posiciones demagógicas que están haciendo de este tema un botín debemos tener en cuenta que el regreso a clases presenciales en el marco de la tercera ola del COVID-19 con variantes como la Delta que aún no se sabe si las vacunas protegen de ella o no, con número récord de infectados, con una población que no ha sido vacunada (niños y jóvenes) y con un muy alto número de docentes, incluso podríamos decir la mayoría quienes fueron inoculados con la vacuna Cansino, cuya efectividad está siendo ampliamente cuestionada, el regreso a clases presenciales es un grave riesgo para docentes, alumnado y las respectivas familias en consecuencia: Un gran riesgo para todos si no se implementa un plan estratégico real que atienda de manera efectiva las particularidades de cada Estado de la república y de cada nivel y plantel educativo… aún falta mucho por hacer.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.